SE ESTABLECE LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS ADEMÁS DE TALLERES DE REEDUCACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL AGRESOR
La diputada Leticia Vázquez Hernández propuso una iniciativa para reformar el artículo 178 del Código Penal del Estado, en materia del delito de abuso sexual, a fin de homologarlo a las disposiciones federales.
Explica que esta iniciativa pone el consentimiento en el centro, pero también se orienta a buscar la reparación integral de las víctimas y a fortalecer mecanismos de no repetición, al señalar como parte de las sanciones al agresor el acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres.
Así, la propuesta señala que, comete el delito de abuso sexual quien sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realice en el ámbito público o privado, cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observarlo, o la haga ejecutarlo sobre sí, para un tercero o para el propio sujeto activo.
También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a exhibir su cuerpo. Se entiende por acto sexual los tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas.
Para los efectos del presente artículo no se considera consentimiento cuando la voluntad de la persona haya sido anulada o viciada por violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situación de vulnerabilidad. El consentimiento no podrá presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima.
A quien cometa este delito se le impondrá una sanción de seis a diez años de prisión y multa de doscientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Se impondrá la obligación de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres y/o prestar servicio social en favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública a fin de favorecer medidas de no repetición y promover un cambio cultural a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. El cumplimiento de esta obligación es de especial relevancia para la procedencia y continuidad de la suspensión condicional.
Se propone que las penas previstas se aumenten en una tercera parte cuando el delito se cometa, además de contra menores de 18 años o de una persona que por su condición no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho; cuando se haga uso de violencia física, psicológica o moral; sea cometido por dos o más personas; en un lugar despoblado, solitario o poco accesible; cuando exista o haya existido entre el agresor y la víctima una relación de confianza, sentimental, de parentesco por consanguinidad o afinidad, laboral, educativa, docente, de formación deportiva, artística o religiosa.
Cuando se realice por persona que tenga a la víctima bajo su responsabilidad la custodia, guarda, tutela, cuidado o dependencia económica. En el caso, además de la pena de prisión, la persona, perderá la patria potestad o la tutela, en los casos en que la ejerciera sobre la víctima; cuando se realice por persona servidora pública aprovechando su empleo, cargo o comisión. En este caso, además de la pena de prisión, la persona agresora será destituida del cargo, empleo o comisión e inhabilitada para el ejercicio de servicio público por un plazo igual al de la pena privativa de la libertad sin perjuicio de otras sanciones administrativas o civiles que correspondan.
Cuando se realice por profesionista aprovechando su empleo, cargo o comisión. En este caso, además de la pena de prisión, la persona agresora será inhabilitada para el ejercicio de la profesión por un plazo igual al de la pena privativa de la libertad sin perjuicio de otras sanciones administrativas o civiles; cuando se realice por ministro de culto aprovechando su cargo, función o comisión; cuando la víctima se encuentre bajo los efectos de alcohol, fármacos, narcóticos u otras sustancias que afecten su voluntad o discernimiento; cuando la víctima se encuentre en estado de embarazo o puerperio; cuando se cometa contra personas por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, y cuando la víctima se encuentre en estado de indefensión. El delito se perseguirá de oficio.
Se propone que, adicional a las sanciones establecidas en este artículo, se impondrá al sujeto activo el cumplimiento de la reparación integral del daño, que deberá incluir, entre otras medidas establecidas en la Ley de Atención a Víctimas, la atención psicológica especializada para la víctima, hasta su total recuperación.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia.
