ESTE PASO ES ESENCIAL PARA GARANTIZAR SU PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN LA ELABORACIÓN DE MEDIDAS LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVAS QUE PUEDAN AFECTAR SUS DERECHOS E INTERESES
Las personas con discapacidad tienen derecho a ser consultadas de manera previa, libre, informada, de buena fe y con procedimientos apropiados para su accesibilidad universal, cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles en cuanto al ejercicio de sus derechos.
Con ese objetivo, el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, presidente de la Directiva, presentó una iniciativa de reforma al artículo 12 de la Constitución Política del Estado, donde señala que el derecho a la consulta de las personas con discapacidad es una conquista fundamental en la lucha por la participación ciudadana y la garantía de los derechos humanos en el ámbito internacional.
La iniciativa de reforma constitucional no surge de manera aislada, sino que se enmarca dentro de un conjunto de esfuerzos encaminados a garantizar los derechos de las personas con discapacidad en el Estado de San Luis Potosí. En particular, esta reforma viene a fortalecer y dar una dimensión constitucional a dos iniciativas de gran relevancia, presentadas en el mes de octubre del año 2024, una de ellas ciudadana y otra presentada también por quien suscribe la presente propuesta.
El diputado Badillo Moreno expuso que la inclusión del derecho a la consulta en la Constitución del Estado no solo respalda y potencia estas iniciativas, sino que además les otorga un fundamento legal supremo que garantiza su estabilidad y cumplimiento. Al elevar este derecho al rango constitucional, se asegura que todas las medidas legislativas y administrativas futuras estén alineadas con este principio fundamental, evitando así posibles controversias jurídicas y fortaleciendo el Estado de Derecho.
La reforma constitucional propuesta viene a consolidar estos esfuerzos, proporcionando un marco jurídico robusto que facilite la implementación efectiva de políticas y acciones que promuevan la participación activa de las personas con discapacidad. Al reconocer constitucionalmente el derecho a la consulta, San Luis Potosí se posiciona a la vanguardia en el respeto y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, estableciendo un precedente positivo que podría inspirar a otras entidades federativas a seguir este camino.
Apuntó que se trata de un paso esencial para cumplir con los compromisos internacionales de México y, específicamente, para fortalecer el marco jurídico de San Luis Potosí en materia de derechos humanos. Al garantizar el derecho a la consulta de las personas con discapacidad, “promovemos una democracia más inclusiva y participativa, donde todas las voces son valoradas y consideradas en la construcción del futuro de nuestra sociedad”.
