La senadora Ruth González Silva propuso reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para garantizar protección a personas que denuncien actos de corrupción o participen como testigos en faltas administrativas graves.
“El principal objetivo es fortalecer el marco jurídico para garantizar que quien denuncie actos de corrupción o participe como testigo en un procedimiento cuente con medidas efectivas, proporcionales y oportunas que salvaguarden su integridad, su estabilidad laboral y sus derechos», destacó en tribuna.
La legisladora por San Luis Potosí, apuntó que la baja proporción de denuncias refleja desconfianza y temor. Ya que cuando denunciar se percibe como riesgoso, se debilita el combate a la corrupción.
El proyecto contempla que las medidas de protección sean proporcionales al riesgo, bajo principios de confidencialidad, dignidad y debida diligencia, e incluso prevé extenderlas a familiares cuando exista peligro.
Además, propone tipificar como falta administrativa grave cualquier represalia contra denunciantes, como despidos injustificados, hostigamiento o amenazas.
La legisladora también planteó que el Sistema Nacional Anticorrupción difunda los mecanismos de protección, con el fin de incentivar la denuncia.
González Silva afirmó que la reforma busca fortalecer la capacidad del Estado para detectar y sancionar actos indebidos, al generar condiciones seguras para quienes colaboran con las autoridades.
