Jorge Ascanio Ruiz
Agosto 10, 2023
*Abogado considera que se deben fincar responsabilidades a quienes firmaron el contrato
*Tiene el gobierno del estado la oportunidad de anular el contrato con la empresa «Aqus del Realito S.A. de C.V.»
*Debe el ejecutivo fincar responsabilidades legales a quienes firmaron el documento civil en el 2009.
El representante jurídico de la congregación de escalerillas, Antonio Ramírez Alfaro, expuso que a 14 años del convenio legal celebrado entre los estados de Guanajuato y San Luis Potosí con empresarios y funcionarios para obtener agua potable hasta el año 2035 de acuerdo a la creación de la presa «El Realito» hoy se observan múltiples anomalías en el documento avalado por el gobierno de Marcelo de los santos y ocho actores más entre ellos el presidente de la empresa Aqus del Realito S.A. de C. V. donde se construyeron 132 km de ducto con una garantía de 25 años de duración plena en el mantenimiento adecuado para evitar fallas en el suministro de agua potable para la zona metropolitana de San Luis Potosí.
Abundó que el gasto millonario ha sido excesivo por parte de los administradores gubernamentales en turno principalmente de los dos sexenios anteriores, lo que ha llevado a un derroche financiero cercano a los 5 mil millones de pesos, en estas erogaciones destaca el 2% por concepto de impuesto a la nómina que se aplica a la clase trabajadora potosina, créditos bancarios y otros pagos más, sin contar con la creación de un fideicomiso especial, todo ello para confirmar cada gasto y lograr que todo estaría en orden, y no fue así.
El abogado Antonio Ramírez Alfaro, detalló que con la nulidad del contrato establecido por 9 funcionarios y empresarios en 2009, también se les debe de aplicar sanciones penales, mercantiles y civiles además de la inhabilitación para ocupar cargos públicos por ser los responsables de la crisis del agua que viven hoy los habitantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí.
Estableció que no solo se ha tratado de una danza de millones de pesos desde entonces, sino que todos esos funcionarios y empresarios son los responsables de la pérdida millonaria que sufre el estado potosino y de la abundante crisis del agua que hoy ha obligado a cerrar la presa de San José, a poner en riesgo la presa del potosino y a cancelar la presa del peaje y a establecer un plan emergente de agua que no debió ser necesario, así que en su opinión el mandatario estatal tiene la oportunidad de anular el contrato y fincar responsabilidades a quienes hoy le deben a San Luis Potosí una explicación por los vicios ocultos desde la creación de un contrato con fallas de origen hasta un ducto que está por colapsar definitivamente y ser obsoleto.
