Toño Martínez
Marzo 23, 2020
El 57% de la población activa trabaja en la informalidad; COVID19 les desploma ventas y no hay un plan claro de ayuda.
A reserva de evaluar la efectividad de las medidas puestas en marcha por el Gobierno de la 4T contra la pandemia de Coronavirus, tomadas más a fuerza que por iniciativa propia luego de que la Juez Décimo Tercero de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomar medidas necesarias contra el virus a solicitud de la Organización Civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el problema de mayor impacto será y es ya el económico.
El amparo especificaba la adopción de acciones para detectar a tiempo a los enfermos, pues hasta ese momento el Gobierno federación era vacilante en asumir su responsabilidad.
El aspecto más relevante del rebote económico negativo que dejará el COVID 19 es el comercio informal, los no asalariados que viven al día, y que al finalizar el 2019, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) contabilizo en 15 millones de mexicanos equivalente de 51.2% de la Población Económicamente Activa (PEA).
Son millones que si no trabajan no comen, pues así lleguen a percibir entre 200 a 500 pesos diarios en tiempo normal, tienen que laborar jornadas de hasta 12 horas sujetos a toda clase de inconvenientes, en la incomodidad, descuidando a sus familias, expuestos a las veleidades del clima.
Son los que vemos o nos convertimos en sus clientes como vendedores de verduras, frutas, nieves, raspados, aguas frescas, elotes y trolelotes, fritangas, gorditas, tamales; boleros taxistas, y comerciante en artículos de toda clase desde electrónicos hasta de limpieza.
En este rango entran también las y los vendedores por catálogo, por lo general jefas de familia que ayudan de esta manera a la economía doméstica, los albañiles, transportistas, jardineros, electricistas de casa y otras ramas de la actividad no asalariada.
Dicho por el propio presidente López Obrador, a su gobierno “le preocupa y está pensando” cómo hacerle para ayudar a toda esa gente que vive al día y que si no trabajan no ganan; pero no tiene aún un plan claro mientras que el tiempo avanza, y cada día son menos los ciudadanos que salen a la calle a comprarles pero sus gastos básicos no se detienen.
Para tener una idea más apegada a lo que este sector representa a la economía nacional, baste señalar que de cada 100 pesos que se generan en el país, 77 vienen del comercio informal, y eso que no pagan impuestos, Seguro Social, servicios como energía eléctrica o agua en su mayoría.
Pensemos que también infinidad de ellos tendrán que someterse a la cuarentena de 14 días, pero, y de que van a vivir, que van a comer, quien les dará una despensa mínimo.
El Gobierno ha anunciado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prepara paquetes en materia fiscal en apoyo a las empresas que sufran perdidas por la epidemia del Coronavirus para que puedan recuperarse pero ¿y los ambulantes, los informales?
Desde una perspectiva localista, solamente en Ciudad Valles, segundo municipio en importancia de San Luis Potosí, los ambulantes representan un promedio de 1000 a 1,500 personas aunque la Dirección Municipal de Comercio registre en su padrón a poco más de 800: uno de los tres tianguis con más de 30 años de tradición, de los que se instalan en la zona de los mercados ya no abrió el domingo anterior.
En la capital de San Luis Potosí, son alrededor de 1,200 especialmente en calles, callejones y avenidas del Centro Histórico, y así en cada uno de los 58 municipios el ambulantaje es un fenómeno real, marginado, que crece porque no existen acciones precisas para generar empleos formales.
No estamos tocando el efecto, las protestas, las campañas contra el ambulantaje que presiona el comercio establecido por la competencia que les implica, tocamos el lado humano en el escenario de la emergencia nacional por el COVID19 y la ausencia real de acciones para ayudarlos.
Es de entenderse que la búsqueda de soluciones no solo corresponde a la federación, sino también a los Gobiernos estatales y municipales, pero la mayor responsabilidad recae en el Gobierno central como rector de la economía y el empleo.
Lo peor, apenas viene tras la cuarentena y apremia.
