El Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Salud que garantiza el acceso a insumos de gestión menstrual para todas las personas menstruantes recluidas en los centros penitenciarios de San Luis Potosí. La modificación, impulsada por el diputado Marco Antonio Gama Basarte, corrige una omisión histórica que mantenía en desventaja a mujeres y personas menstruantes privadas de su libertad.
Actualmente, solo el 29.8% de ellas recibe artículos básicos como toallas sanitarias, una situación que profundiza la desigualdad y limita el ejercicio pleno del derecho a la salud. La reforma incorpora de manera formal a esta población a los programas estatales de entrega de insumos, alineando al sistema penitenciario con el artículo cuarto constitucional, que garantiza el acceso universal a la salud.
Gama Basarte enfatizó que la agenda pública debe construirse desde una perspectiva de derechos humanos y justicia, recordando que la dignidad no puede ser condicionada. “Contar con insumos menstruales no es un privilegio, es un derecho humano”, afirmó.
La modificación representa un paso hacia un sistema penitenciario más humano, sensible y alineado con las necesidades reales de las personas bajo resguardo del Estado, reafirmando que los derechos fundamentales no se suspenden tras una reja.
