Toño Martínez
Incertidumbre y nerviosismo volvieron a apoderarse de comunidades indígenas de 20 municipios -12 de San Luis Potosí, 5 del Norte de Veracruz y 3 de Hidalgo – tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de utilizar el fracking -fractura de rocas en el subsuelo – para extraer gas no convencional.
El proyecto del Gobierno de Sheinbaum Pardo, envuelto en tecnicismos y complejo formato científico, tiene como meta que para el 2035 México produzca 8 mil millones de metros cúbicos de gas diarios a través de pozos perforados a lo largo del territorio nacional con rompimiento de rocas bajo la superficie.
Desde octubre del 2025 organismos como la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COOCIPH) se opuso rotundamente al uso del fracking porque la fractura de lititas a base de presión de agua con químicos destruiría el patrimonio territorial, cultural y ecológico de las comunidades tének y náhuatl de manera irremediable.
La presidenta tratando de atenuar el impacto de su anuncio dijo que sería formado un Comité Científico para analizar el uso del fracking en depósitos de gas ubicados en los límites con Estados Unidos con tecnologías menos contaminantes.
Sin embargo es tan peligroso cualquier método, que en febrero del 2024 su antecesor Andrés Manuel López Obrador envío al Congreso una iniciativa para que se integrara a la Constitución Mexicana la prohibición del fracking para obtener petróleo y gas del subsuelo.
Ei argumento de Claudia Sheinbaum para considerar la fractura hidráulica es lograr que México sea soberano en materia energética.
Autoridades indígenas, ambientalistas, académicos y grupos protectores del Medio Ambiente se preparan a dar la batalla en todos los frentes contra el fracking.
