Durante el segundo año de trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, el diputado Rubén Guajardo Barrera, representante del quinto Distrito Local por el Partido Acción Nacional (PAN), impulsó propuestas y reformas encaminadas a mejorar la seguridad pública, la procuración de justicia y generar nuevas herramientas para la solución de conflictos entre la ciudadanía.
Entre los principales temas de su agenda legislativa destacan la Ley de Justicia Cívica y la incorporación de las corporaciones de seguridad estatal y municipal a las tareas de investigación de delitos, siempre bajo la conducción y mando del Ministerio Público.
Promovió la nueva Ley de Justicia Cívica para el Estado de San Luis Potosí, cuyo objetivo es brindar a los ayuntamientos una herramienta para atender y resolver conflictos cotidianos antes de que éstos escalen a situaciones más graves o terminen en procesos judiciales prolongados Muchos conflictos vecinales, familiares o comunitarios pueden terminar en juicios que duran años, deteriorando las relaciones entre las personas. Ante esta situación, buscó privilegiar el diálogo, la conciliación, los acuerdos y la reparación del daño.
“Con esta ley se busca cambiar eso, apostamos por resolver los problemas hablando, acordando y reparando el daño, no castigando”.
La propuesta parte de la premisa de que una atención oportuna de los conflictos puede contribuir a fortalecer la convivencia, reducir la reincidencia y construir comunidades más pacíficas. El modelo contempla la participación de jueces cívicos y mecanismos de conciliación que permitan encontrar soluciones a los problemas desde el ámbito municipal, sin que necesariamente tengan que convertirse en largos procesos judiciales.
Otro de los resultados legislativos relevantes fue la aprobación de una reforma a los párrafos primero, tercero y cuarto del artículo 122 TER de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, incorpora expresamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Civil Estatal y las policías municipales en las tareas de investigación de los delitos, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Un aspecto fundamental de esto, es que las actuaciones de las instituciones y corporaciones de seguridad en materia de investigación deberán realizarse bajo la conducción y mando del Ministerio Público, garantizando así la coordinación institucional y el respeto al marco jurídico. La persecución de los delitos ante los tribunales continuará correspondiendo exclusivamente al Ministerio Público.
Para el panista, Rubén Guajardo Barrera, estas reformas representan pasos importantes para mejorar a las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en San Luis Potosí.
