San Luis Potosí, ya cuenta con un nuevo marco jurídico orientado a la prevención de conflictos comunitarios y la solución pacífica de controversias con la Ley de Justicia Cívica del Estado y Municipios de San Luis Potosí, propuesta por el diputado del quinto distrito local por el Partido Acción Nacional, PAN, Rubén Guajardo Barrera.
Con ésta, se destaca la necesidad de dotar a la entidad de herramientas modernas que permitan atender de manera más eficaz las faltas administrativas y los problemas de convivencia que afectan a la ciudadanía.Plantea la creación de un sistema estatal de justicia cívica que establezca reglas homogéneas para todos los municipios, con el objetivo de resolver conflictos vecinales y conductas antisociales antes de que escalen a situaciones de mayor gravedad “las sociedades actuales enfrentan una amplia variedad de conflictos cotidianos que, aunque no constituyen delitos, generan afectaciones directas en la convivencia social y en la tranquilidad de las comunidades, por eso es necesario avanzar hacia mecanismos que privilegien la prevención, el diálogo y la reconstrucción del tejido social”.
Parte de la premisa de que las sanciones exclusivamente punitivas no siempre logran resolver las causas que originan los conflictos. Por el contrario, se plantea la implementación de procedimientos que promuevan la corresponsabilidad ciudadana, la conciliación entre las partes y la reparación de los daños ocasionados.Uno de los aspectos centrales, es la regulación integral de los Juzgados Cívicos, instancias que tendrán la responsabilidad de conocer y resolver asuntos relacionados con infracciones administrativas y conflictos comunitarios, establecerá de manera clara las atribuciones de los ayuntamientos, las competencias de los jueces cívicos y los procedimientos que deberán seguirse para garantizar el respeto a los derechos de las personas involucradas.
También incorpora mecanismos alternativos de solución de controversias, entre ellos la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa, se tendrán respuestas más rápidas y efectivas a los conflictos cotidianos, evitando que los desacuerdos se conviertan en problemas mayores que terminan saturando otras instancias de procuración e impartición de justicia.Además, contempla sanciones con un enfoque restaurativo, orientadas no solamente a corregir conductas indebidas, sino también a generar conciencia sobre el impacto de las acciones cometidas. Entre las medidas previstas destacan el trabajo a favor de la comunidad y actividades dirigidas a promover la responsabilidad social de quienes incurran en infracciones administrativas.
“La justicia cívica no pretende sustituir al sistema penal ni invadir competencias de otras autoridades. Su función será complementar las herramientas institucionales existentes para atender de manera más eficiente conflictos de menor gravedad, fortaleciendo la proximidad entre ciudadanía y gobierno”.Otro de los elementos innovadores de la propuesta es la incorporación de esquemas de justicia cívica itinerante, mediante los cuales los servicios podrán acercarse a comunidades alejadas o con dificultades de acceso a las instancias municipales, ampliando así la cobertura y el alcance de este modelo.
