El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado con el objetivo de garantizar el derecho al descanso durante la jornada laboral y la instalación de asientos con respaldo en espacios adecuados para empleados que deben permanecer de pie por tiempo prolongado.
El diputado Marco Antonio Gama Basarte, impulsor de la iniciativa, destacó que esta reforma amplía los beneficios de la denominada «Ley Silla», aprobada en 2023 para el sector privado por el Congreso de la Unión, a los trabajadores del sector público estatal y municipal. La medida busca mejorar las condiciones laborales y el bienestar del personal en diversas áreas de servicio.
La legislación aplicará a centros de trabajo del sector de servicios, comercio y actividades análogas, tanto públicos como privados, en los que el personal deba permanecer de pie por tiempos prolongados.
Reducir los riesgos asociados a la permanencia prolongada de pie sin descanso.Establecer la obligatoriedad para los empleadores de proporcionar asientos o sillas con respaldo adecuados.Asignar áreas específicas para descanso periódico.Actualizar los reglamentos internos de cada centro de trabajo en un plazo de 180 días, son algunos de los objetivos principales de esta reforma legislativa.
La reforma entrará en vigor en junio de 2025. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendrá un plazo de 30 días naturales para emitir la normatividad correspondiente.
El diputado Gama Basarte enfatizó que esta medida contribuirá a la protección de la salud física y mental de los trabajadores, así como a la mejora de la productividad y la equidad en los espacios laborales. Además, reconoció que ciertas funciones requieren la permanencia de pie, como el personal de seguridad o atención al público, por lo que se explorarán alternativas para equilibrar el bienestar laboral sin afectar la operatividad de los servicios.
Con esta reforma, San Luis Potosí fortalece su compromiso con la dignificación de las condiciones laborales, consolidándose como una de las primeras entidades en ampliar este derecho a los trabajadores del sector público.
