SE PROPONE QUE EN CASO DE FALLECIMIENTO O DECLARATORIA JUDICIAL DE AUSENCIA DEL TITULAR, FAMILIARES DIRECTOS PUEDAN SOLICITAR CONTINUAR PROVISIONALMENTE CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: DIP. ROXANNA HERNÁNDEZ RAMÍREZ.
La diputada Roxanna Hernández Ramírez impulsa una iniciativa para reformar disposiciones de la Ley de Transporte Público del Estado, con el fin de otorgar certeza jurídica y protección social a las familias de los titulares de permisos temporales para trasporte público.
La legisladora señala que se busca establecer expresamente que en caso de fallecimiento o declaratoria judicial de ausencia del titular, los familiares directos podrán solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la autorización para continuar provisionalmente con la prestación del servicio.
Señala que esta medida tiene un enfoque humano y social, ya que propósito es evitar que las familias pierdan de manera inmediata su principal fuente de ingresos, además de impedir que las unidades queden fuera de operación mientras se resuelve la situación administrativa correspondiente.
Informó que la propuesta incorpora además un nuevo artículo para definir con claridad quiénes tendrán derecho preferente para solicitar la continuidad del permiso y se establece un orden razonable y objetivo que considera al cónyuge, concubina o concubinario, hijos mayores de edad y padres del titular.
Asimismo, la iniciativa fija un plazo de treinta días hábiles para presentar la solicitud correspondiente, acompañando la documentación que acredite el vínculo familiar y el fallecimiento o ausencia legal, lo que permitirá brindar certeza jurídica tanto a la autoridad como a las personas solicitantes.
Finalmente informó que su iniciativa también mantiene mecanismos de control y supervisión por parte de la autoridad, ya que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solamente podrá autorizar la sustitución de titularidad cuando el permiso se encuentre vigente, no existan incumplimientos graves y se garantice la adecuada prestación del servicio público. Con ello, dijo, se protege el interés colectivo y se evita que la medida pueda utilizarse de manera autoritaria.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes.
