ACTUALMENTE, ESTE DELITO CONTEMPLA UNA PENA DE SEIS MESES A TRES AÑOS DE PRISIÓN; LA INICIATIVA PROPONE ELEVAR EL RANGO DE SANCIÓN DE UNO A CUATRO AÑOS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD: DIP. CÉSAR ARTURO LARA ROCHA
Para fortalecer la protección del bienestar económico y la seguridad alimentaria de niñas, niños y adolescentes, así como de personas con discapacidad y adultos mayores en situación de vulnerabilidad, el diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa para reformar diversos artículos del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.
La propuesta plantea incrementar las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar y establecer penas de uno a cuatro años de prisión para quienes deliberadamente evadan sus responsabilidades alimentarias.
El legislador explicó que se propone reformar las fracciones II y III, el segundo párrafo, así como adicionar una fracción IV y un tercer párrafo al artículo 202 del Código Penal del Estado.
Indicó que entre las conductas que se busca sancionar se encuentra eludir intencionalmente el cumplimiento de las obligaciones alimentarias establecidas en el Código Familiar del Estado, así como colocarse deliberadamente en estado de insolvencia con la finalidad de evitar el pago de alimentos determinados por la ley o mediante resolución judicial.
Asimismo, se propone sancionar a quienes proporcionen datos falsos, oculten o alteren su nombre, domicilio o el monto real de sus ingresos con el propósito de evadir el establecimiento o cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
De acuerdo con la iniciativa, estas conductas serían sancionadas con uno a cuatro años de prisión, una multa de 60 a 300 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como la suspensión o privación de los derechos de familia hasta por seis meses.
Lara Rocha comentó que además, como parte de la reparación del daño, se contempla el pago total de las cantidades que no hayan sido suministradas oportunamente.
Aclaro que “la propuesta establece también que la acción penal pueda ejercerse independientemente de que se haya iniciado o no algún procedimiento en materia familiar, con el propósito de fortalecer los mecanismos de protección para quienes dependen del cumplimiento de estas obligaciones”.
Destacó que la reforma busca endurecer la respuesta legal frente a conductas que afectan directamente el acceso a recursos indispensables para la alimentación y bienestar de personas en condiciones de vulnerabilidad.
La propuesta fue turnada a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, para ser analizara y dictaminada.
