SE ESTABLECEN CON MAYOR CLARIDAD LAS OBLIGACIONES DE LAS FAMILIAS Y LAS RESPONSABILIDADES DE QUIENES TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON PERSONAS ADULTAS MAYORES.
La diputada Diana Ruelas Gaitán propuso una iniciativa de reforma y adición de diversas disposiciones a la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí, que garantiza que toda persona adulta mayor reciba un trato respetuoso, libre de cualquier forma de violencia o abuso.
Señala que el objetivo es establecer con mayor claridad las obligaciones de las familias y las responsabilidades de quienes tengan relación directa con personas adultas mayores, por lo que se amplía el catálogo de conductas que deben prevenirse y atenderse, particularmente aquellas relacionadas con el abuso, la explotación, el aislamiento, la violencia psicológica y los actos que pongan en riesgo la integridad personal o el patrimonio del adulto mayor.
También se incorpora la obligación de denunciar de manera inmediata cualquier hecho que vulnere sus derechos con el objetivo de activar mecanismos de protección, investigación y restitución.
Se establece como parte de las obligaciones familiares, evitar que cualquier persona, ya sea que forme parte de la familia o no, realice actos de discriminación, abuso, explotación, aislamiento o forma de violencia contra la persona adulta mayor, así como cualquier acción u omisión que implique riesgo, menoscabo o afectación a su integridad personal, dignidad, ingresos, bienes o patrimonio, tales como el despojo, la retención indebida de recursos, la suplantación de identidad o la celebración de actos jurídicos que vulneren sus derechos.
Se indica que todo acto que configure alguna de estas conductas deberá denunciarse de inmediato ante la autoridad competente, quien deberá activar los mecanismos de protección, investigación y restitución de derechos que resulten procedentes.
La familia debe evitar conductas que tengan por efecto forzar, presionar o inducir a la Persona Adulta Mayor a ejecutar actos de mendicidad, trabajos forzados o actividades que atenten contra su dignidad o su salud física o mental.
La legisladora indica que con estas reformas, se avanza hacia un entorno donde la vejez se viva con dignidad, acompañamiento y protección efectiva.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Derechos Humanos.
