CON ESTO, EL CONGRESO DEL ESTADO CONCLUYE CON LOS EJERCICIOS DE COMPARECENCIA CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL IV INFORME DE GOBIERNO.
En la última comparecencia con funcionarios estatales, las y los integrantes de la LXIV Legislatura, cuestionaron a la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta.
La comparecencia fue dirigida por integrantes de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, presidida por la diputada Jacquelinn Jauregui Mendoza.
A pregunta de los diputados Luis Felipe Castro, Marco Gama indicó que el gasto anual del transporte subsidiado Metro Red, y Mi Pase para estudiantes, y el programa de adulto mayor y personas con discapacidad se utiliza cerca del 90 por ciento del gasto total de la dependencia, en San Luis Potosí y Ciudad Valles.
El gasto de operación anual asciende a 168.5 millones de pesos, y un gasto diario por unidad de 7 mil 561 pesos diarios; la partida presupuestal de donde provienen es el capítulo 6000 correspondiente a inversión pública.
En relación a la verificación del transporte público, respondió al cuestionamiento de la diputada Patricia Aradillas e indicó que se han mantenido retos en esta materia, derivado a que en años anteriores no se realizaron las acciones requeridas, por lo cual existía desconocimiento de las obligaciones por parte de los permisionarios en distintas modalidades.
Explicó que en el caso de la modalidad de transporte de personal, donde se ha tenido acercamiento con las empresas, para darles conocimiento de que existe en la legislación la regulación de este tipo de modalidades, y que contraten servicio de transporte con la autorización del estado.
Los diputados Carlos Arreola y Emilio Rosas solicitaron información en relación al avance para la creación de la Ley de Movilidad, a lo que la funcionaria indicó que se trabaja en conjunto con la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes para que se cuente con una legislación equilibrada, que vincule a todas las modalidades del estado, personas con discapacidad, personas de pueblos y comunidades indígenas, entre otros.
En cuanto al transporte de personal, respondió a los cuestionamientos del diputado Carlos Arreola y señaló que la regulación de esta modalidad corresponde al estado; sin embargo, la desvinculación en anteriores administraciones permitió que algunas empresas operaran en tramos federales, principalmente de la zona industrial, con permisos federales.
Precisó que la ley está completa en esta materia, y establece que esta prestación de servicio le corresponde a San Luis Potosí; sin embargo, hay algunos problemas con la Guardia Nacional que detiene a quienes circulan por tramos federales, por lo cual también solicitó se pueda hacer un exhorto para que permitan el desarrollo de manera correcta.
Agregó que también se está trabajando con las empresas para que verifiquen a quienes contratan transporte de personal sin autorización ante la Secretaría, ante el sinnúmero de accidentes que se han registrado en distintos tramos, ya que los operadores no están capacitados. Pidió también se puedan establecer tarifas para estos servicios de transporte, a fin de que brinden un servicio adecuado y con seguridad para sus pasajeros.
A pregunta de la diputada Dulcelina Sánchez, la funcionaria aclaró que en este año no se ha otorgado ninguna nueva concesión de transporte, y solamente se han renovado algunos permisos de tarifas en algunas zonas del interior del estado.
La diputada Brisseire Sánchez, la funcionaria indicó que la Ley de Transporte establece las sanciones para quienes realicen funciones de transporte sin autorización, que incluye el aseguramiento del vehículo y sanciones que pueden ir desde 300 a 500 UMAS. El año pasado se realizaron 85 aseguramientos de vehículos, y en este 2025, van 120 vehículos sancionados en sus distintas modalidades en todo el estado.
Precisó que en estos casos, se busca garantizar la movilidad segura de las personas, y que cubran con un seguro como lo establece la ley, de 40 mil UMAS que en un accidente puedan cubrir las necesidades de las personas, que sus operadores cuenten con capacitación y exámenes psicométricos y toxicológico, así como las unidades en condiciones idóneas y dignas.
A pregunta de la diputada Leticia Vázquez en relación a las quejas recibidas y acciones, la funcionaria Martínez Acosta señaló que se atienden todas las quejas recibidas, y se enfatiza en la capacitación de operadores, y la inspección puntual de las rutas.
En este año se han recibido 1298 reportes en distintas modalidades, en transporte urbano sobre malas prácticas de manejo; en taxis sobre cobros excesivos, o que no quieren llevar a los usuarios al destino que desean contratar, y en todas se ha iniciado un procedimiento administrativo, dando sanciones como amonestación verbal, sanciones económicas, retiro de unidad, o cancelación de permiso para los operadores.
En materia de electromovilidad, respondió al cuestionamiento del diputado Emilio Rosas, y señaló que el sistema Metro Red opera bajo esta modalidad en el municipio de Ciudad Valles con 30 unidades.
Explicó que se tiene previsto continuar en esta modalidad, donde San Luis Potosí es el quinto estado en el país en contar con vehículos de este tipo, para la ruta de la Riviera Huasteca, con la cual se garantiza un ambiente sano y el derecho a la salud de las personas.
Destacó que en la capital se inició con unidades euro5, de baja emisión contaminante en la zona metropolitana, se logró disminuir 60 toneladas de dióxido de carbono, con lo cual se reduce la contaminación y las enfermedades respiratorias.
En su presentación, la funcionaria informó que se han beneficiado más de 5 mil estudiantes con el programa Mi Pase tanto en Ciudad Valles y la capital potosina; también se logró la conectividad regional con nuevas rutas para Mexquitic y Ahualulco.
En cuanto a renovación de transporte público, se contarán con 30 nuevas unidades y se apoyarán con créditos blandos para renovar 100 unidades más en los próximos años.
En la revista, se revisaron 14 mil 051 unidades en todo el estado, algunas están en trámite de cumplimiento por obligaciones, para cumplir con la ley establece.
Se instalaron consejos municipales de transporte y el Consejo Estatal de Transporte donde se convocó a presidentes municipales y concesionarios, para atender las necesidades de movilidad e inclusión.
