Daniel Adame Osorio.
Junio 28, 2024
La democracia representativa supone gobernantes electos. Pero incluso para que esto sea así, se requieren condiciones básicas: si las elecciones son libres y disputadas, diríamos hoy, competitivas; que la participación sea ilimitada, que los ciudadanos cuenten con libertades políticas. Teóricamente, esto garantizaría que los representantes y gobernantes actuaran anteponiendo el interés del público. Lo anterior pretende hacer el lopezobradorismo con la rama judicial, eligiendo a los miembros del poder judicial de la Federación: jueces, magistrados y ministros y, también los miembros de los poderes judiciales de las entidades federativas.
De acuerdo con la iniciativa presidencial, podrán acceder a tiempos de radio y televisión los aspirantes a los diversos cargos (judiciales) en disputa, pero sin ejercer actos de proselitismo y sin intervención de los partidos políticos.
Más aún: no podrán los aspirantes financiarse ni con recursos públicos ni privados, todo lo cual abre la impresión que lo relevante no es necesariamente limpiar al poder judicial de la Federación y locales, sino realinear a las tres ramas del poder público en torno al poder ejecutivo y, construir (otra vez) un régimen de partido de Estado, el único régimen que hemos constituido en la historia del sistema político mexicano contemporáneo, dirá Don Pablo González Casanova.
Se pretende además sustituir el Consejo de la Judicatura Federal (la instancia de evaluación de la SCJN) por un Tribunal de Disciplina Administrativa. Y el oficialismo en la semana que termina, realizó su encuesta para la reforma del poder judicial. Y la elección de junio 2 no es un indicador suficiente?
Si se trata de establecer un régimen de partido hegemónico, sólo importará la negociación entre AMLO y, la candidata ganadora de la elección, al fin del día.
Uno de los rubros delicados de esa reforma es que, en aras de lograr para el oficialismo el control político de la rama judicial, se irá por la borda la carrera judicial que, en México ha implicado una formación académica especializada para sus miembros.
Del Tintero.
Una reforma judicial viable pasa por considerar el conocimiento experto de jueces y magistrados y, una reforma constitucional a la manera del lopezobradorismo termina por vulnerar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, desaparece por tanto la democracia constitucional y sus efectivos contrapesos.
No se olvide además que en la semana que termina adquieren categoría de leyes vigentes la de amnistía para que el presidente de la República la expida en favor de cualquier persona en cualquier momento procesal. Y la ley de Amparo, para establecer que no haya más efectos generales que, defina el juzgador, sino sólo para quien reclame ese beneficio. Al final, seguimos sin resolver el problema de la servidumbre voluntaria que, desde el siglo XVI genera la misma pregunta: Por qué las víctimas eligen una y otra vez a sus verdugos?
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(*) Politólogo, (IBERO MX) periodista, administrador público y académico. Director Editorial de ESCENARIO POLÍTICO, medio de comunicación especializado en análisis político. Premio Nacional de Periodismo.
