Profr. Marcelino H. Martínez
Hay una verdad incómoda que pocas veces queremos aceptar la corrupción no sobrevive únicamente por la ambición de algunos políticos; también encuentra refugio en la indiferencia, el fanatismo y la complicidad de una parte de la sociedad. Ningún corrupto permanece en el poder sin quienes lo justifiquen, lo aplaudan o lo defiendan aun cuando las evidencias hablan por sí solas.
Y si un pueblo normaliza el saqueo de los recursos públicos, minimiza los abusos de poder o defiende a un funcionario únicamente por afinidad política o por un beneficio personal, renuncia a su derecho de exigir un mejor gobierno.
En ese instante deja de ser el guardián de la democracia para convertirse, quizá sin advertirlo, en el escudo de quienes traicionan la confianza ciudadana.
Una sociedad que protege a los políticos corruptos termina pagando un precio demasiado alto.
La corrupción desvía recursos destinados a hospitales, escuelas, carreteras, seguridad, agua potable y programas sociales. Lo que unos cuantos reciben como privilegio o favor, millones de ciudadanos lo pagan con pobreza, desempleo, servicios deficientes y un futuro cada vez más incierto.
Las desgracias económicas no nacen por casualidad. Son el resultado de una cultura que cambia la dignidad por una dádiva, la conciencia por un beneficio temporal y el bien común por un interés personal.
Quien vende su conciencia por un favor político quizá obtenga una recompensa inmediata, pero termina contribuyendo a la construcción de un sistema que también perjudicará a sus hijos y a las futuras generaciones.
Resulta doloroso observar cómo algunas personas aplauden a quienes han fallado a la confianza del pueblo solo porque recibieron un apoyo, una promesa o un beneficio particular.
La gratitud es un valor; la obediencia ciega no lo es. Ningún apoyo material justifica guardar silencio frente a la corrupción. La ética no puede venderse al mejor postor, porque cuando la conciencia tiene precio, la justicia pierde su valor.
También existen quienes convierten la política en un espectáculo. Construyen escenarios, fabrican discursos emotivos, prometen un futuro brillante y dominan el arte de emocionar a las multitudes. Sin embargo, la buena oratoria jamás sustituirá a la honestidad ni los aplausos podrán ocultar la ausencia de resultados. Un pueblo consciente no debe dejarse seducir por quienes solo saben ofrecer funciones llenas de palabras, mientras la realidad continúa marcada por las mismas necesidades.
La democracia no consiste en defender personas; consiste en defender principios. Ningún servidor público debe estar por encima de la ley. Quien administra recursos públicos tiene la obligación moral y jurídica de rendir cuentas, sin importar el partido político al que pertenezca ni el cargo que ocupe.
Una ciudadanía madura no aplaude la corrupción cuando beneficia a «los suyos» ni la condena únicamente cuando la cometen «los otros». La honestidad no tiene colores partidistas. La justicia no cambia con los tiempos electorales. El deber ciudadano consiste en exigir transparencia, legalidad y resultados para todos, sin excepciones.
Los pueblos verdaderamente libres no son aquellos que tienen los mejores discursos, sino los que poseen ciudadanos capaces de decir «no» cuando intentan comprar su voluntad. La grandeza de una nación comienza cuando la conciencia vale más que cualquier regalo, cuando el voto no se intercambia por una despensa ni por una promesa pasajera, y cuando el honor se convierte en el patrimonio más importante de una sociedad.
Defender la honestidad no es un acto de oposición; es un acto de amor por la patria. El verdadero cambio no llegará cuando aparezca el político perfecto, sino cuando exista una ciudadanía que deje de idolatrar a los poderosos y empiece a exigirles cuentas. Ese día, la corrupción dejará de ser una costumbre y comenzará a ser un recuerdo de un pasado que nunca debió repetirse.
