Miguel Ángel Guerrero Arriaga
Noviembre 04, 2021
Los potosinos están a la espera de que paralelamente a la ventilación de las graves y multimillonarias irregularidades que dejó la “herencia maldita” se vayan integrando documentadamente las correspondientes denuncias penales contra los que resulten responsables pues también se teme que, como ocurrió con los presuntos autores de los supuestos delitos financieros detectados durante las tres anteriores administraciones estatales queden en la impunidad pues, si bien hubo algunos que hasta llegaron a pisar la cárcel, ninguno fue sancionado como lo merecían sus ilícitos y todos siguen en libertad hasta disfrutando de los negocios que sus ingresos mal habidos les permitió levantar gracias a la impunidad que se presenta sospechosamente cuando de aplicar la ley a ex funcionarios se trata.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona ya anunció hace unos días que se contempla que para diciembre los abogados del gobierno ya cuenten con el respaldo jurídico necesario que respaldará las denuncias penales contra los ex carreristas presuntos responsables de las atrocidades financieras cometidas en su paso por el gobierno que encabezó Juan Manuel Carreras López localizadas en casi todas las dependencias durante el proceso de entrega- recepción.
En entregas anteriores hemos comentado en este espacio que aunque en la administración de Fernando Silva Nieto mucho se habló del famoso fraude de los invernaderos de Santa Rita con todo y que algunos de los involucrados fueron enviados por el siguiente gobierno, la verdad es todos siguen libres pues ese lance en nada les afectó pues social y económicamente siguen viviendo aquí campechanamente.
Lo mismo pasó con la administración del escandaloso crédito por mil 500 millones de pesos que sirvió para callar bocas y aumentar fortunas cuyos principales autores permanecen felices de la vida aunque luego vendría Cándido Ochoa como la mano dura del toranzato a poner contra la pared al mismo MSF luego de poner tras las rejas a unos de sus más cercanos colaboradores que con la mano en la cintura lograron que se les abriera los que ahora ni sudan ni se abochornan por su experiencia de la que salieron también por esa impunidad que aparece cuando parece que serán sancionados ex funcionarios corruptos.
En esta etapa los potosinos esperan y confían en que el gobierno gallardista siente un precedente y proceda legalmente contra los responsables de los saqueos que se han venido descubriendo y rompa así con la tradición de la impunidad que inexplicablemente parece otorgarse a los ex funcionarios y que no quede todo en meros fuegos de artificio como pasó en los regímenes anteriores mencionados.
CABOS SUELTOS
Si la legislatura actual no quiere echarse a los potosinos encima en este arranque de gestión, bien harían sus integrantes en manejar con mucho tiento el asunto del aumento a las tarifas por consumo del agua por tratarse de un tema muy sensible que puede provocar un desencanto generalizado de llegar a aprobarse un aumento que resulte lesivo para la economía familiar, mucho ojo.
