Miguel Ángel Guerrero Arriaga
Octubre 03, 2019
Extraña que siga creciendo la polémica en torno a la ya llamada ley anti UBER que no son más que las modificaciones a la ley del transporte en las que se obliga a la plataforma a regularizarse ante la secretaría estatal de comunicaciones y transportes y a incorporar a ese servicio únicamente autos con un valor promedio de 300 mil pesos con la prohibición agregada de que no podrán rentarse porque solamente podrán trabajarlos los titulares inscritos, lo que parece estar de sobra luego de que legalmente, aparentemente, la plataforma ya les ganó la partida al obtener un amparo que no solo le permite continuar ofreciendo el servicio como lo venían haciendo sino que podrán cobrarlo en efectivo desechando de esa manera la norma inicial de pagarlo con tarjeta de crédito.
Para mucha gente, la ley anti UBER perseguía frenar el desarrollo y aceptación de esta plataforma en aras de proteger los intereses de varios políticos conocidos por acaparar numerosas concesiones de taxis que verían afectados sus ingresos por la preferencia de los usuarios para trasladarse en las nuevas unidades con que UBER presta el servicio por encima de buscar hacerlo en las sucias y destartaladas unidades del taxismo.
Tal vez a ello se deba que corran versiones en el sentido de que por las presiones de acaparadores de permisos haya comenzado a circular la especie de que, presionaron para que dejaran fuera del escenario del transporte público a UBER de que en cobro por el apoyo que ofrecieron al gobernador en su campaña electoral.
Sin embargo, en ese asunto en el que todo mundo opina falta la opinión de los usuarios como lo reconoció el secretario general de gobierno Alejandro Leal Tovías a los que no se ha consultado sobre cuál de los servicios prefieren entre los taxis actuales y el de la plataforma ya con la modalidad de poder pagarlo en efectivo respuesta que sin temor a equivocaciones se inclinaría por el de la plataforma, lo que podría confirmarse con una encuesta levantada por una empresa seria porque, de otro modo, la polémica continuará en perjuicio de la vida cotidiana de la ciudad por las manifestaciones a base de bloqueos, como supuesta defensa de sus intereses que suelen realizar.
CABOS SUELTOS
Como consecuencia de los movimientos que sacudieron a la organización Redes Sociales Progresistas el ex diputado Jaén Castilla Jonguitud dejó de estar al mando estatal de la misma aunque sí continuará como delegado en el estado de RSP Antonio Navarro quien sigue organizando a la gente para la realización de su asamblea estatal a mediados de noviembre, mientras que el conocido de muchos potosino Juan Iván Peña se mantendrá dentro de un cuerpo colegiado de comisionados nacionales.
