Miguel Ángel Guerrero Arriaga
Mayo 12, 2020
Como ya lo hemos mencionado en este espacio la palabra deuda pública cae a muchos políticos aldeanos como sal en lomo de tlaconete de tal forma que tan solo con que alguien exprese la conveniencia de contraer la necesaria los hace desgarrarse las vestiduras y oponerse a que se acuda a esa forma de enfrentar los más urgentes problemas que hay como es la necesidad de continuar luchando contra el avance de la pandemia del coronavirus como se ha visto al divulgarse el propósito de la administración estatal de Juan Manuel Carreras López de acudir a la contratación de un préstamo por 700 millones de pesos para solventar los gastos originados por la contingencia.
Sorprende escuchar las estridentes voces blanquiazules santiguándose por la intención carrerista en ese sentido cuando en el pasado se mantuvieron mudas ante los anteriores gobernantes que sin el menor pudor hipotecaron importantes programas sociales así como la liquidez de las administraciones que los relevaron por las descomunales deudas públicas que les dejaron.
Por otro lado, los chillidos políticos oposicionistas actuales no se escucharon, por ejemplo cuando el gobernador Marcelo de los Santos Fraga contrató un crédito por mil 500 millones de pesos al final de su sexenio para dejar a su sucesor Fernando Toranzo Fernández un adeudo global por más de 16 mil millones de pesos en un endeudamiento marcelista que es tiempo que no está claro a dónde fue a parar.
Así entonces, tampoco se escucharon tales estridencias cuando salió a la luz que Toranzo dejaría la deuda pública más grande de la historia de SLP que superaría los 22 mil millones de pesos y, es de hacer notar que en ambos casos la contratación de deuda no la originó ninguna contingencia como la actual.
En sus reuniones con empresarios y legisladores, Carreras les ha explicado la necesidad de disponer de fondos para enfrentar lo que resta de la emergencia por el Covid- 19 en virtud de que los ingresos propios han disminuido por la baja en el pago de algunos impuestos como los derechos vehiculares y el impuesto a nómina a lo que contribuyó la ampliación del plazo para cubrirlos lo que ha agravado el hecho de que el gobierno federal le ha pintado un violín a las peticiones de auxilio económico que le han presentado los gobernadores para hacer frente a la pandemia.
Por otra parte, junto con su secretario de finanzas Daniel Pedroza Gaitán ha reiterado que de contratar el crédito por esos 700 millones de pesos no pasarán a sumarse a la deuda pública en virtud de que precisamente, para cubrirlo, se contempla hacerlo con el producto de la venta de los terrenos donde se instalaría la Ford que fácilmente tienen un costo superior a esa cantidad, previsión que ninguno de los gobernantes antes mencionados tomó para amortizar en algo las deudas públicas que dejaron, por lo que no se entiende el alboroto que tratan de hacer los diputados albiazules a menos, claro que persigan que los “convenzan” con argumentos en efectivo.
