SE RESPONDE A LA NECESIDAD DE CONSTRUIR UN SISTEMA EDUCATIVO MÁS INCLUYENTE
El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad, el Decreto que reforma la Ley de Educación del Estado, para garantizar que las personas estudiantes que se encuentren en situación de embarazo, maternidad, paternidad o periodo de lactancia, puedan continuar y concluir sus estudios en condiciones de igualdad, evitando cualquier forma de discriminación o exclusión dentro de las instituciones educativas.
El dictamen, presentado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, señala que las autoridades educativas estatal y municipal, ofrecerán a todas las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el Sistema Educativo Estatal, siempre que se satisfagan los requisitos que establezcan las instituciones educativas conforme a las disposiciones aplicables, garantizando en todo momento el principio de igualdad y no discriminación, así como la continuidad de los estudios de las personas educandas.
Se incluye a quienes se encuentren en situación de embarazo, maternidad, paternidad o periodo de lactancia, para lo cual deberán otorgarse las facilidades académicas y administrativas necesarias que permitan su permanencia, reincorporación y conclusión de los estudios, evitando cualquier forma de exclusión o abandono escolar por estas causas.
Asimismo, las autoridades educativas promoverán medidas que garanticen el acceso, permanencia y conclusión de los estudios de las personas estudiantes en estado de gestación o durante el periodo de maternidad o paternidad, asegurando que no sean objeto de discriminación y que cuenten con facilidades académicas, apoyos institucionales y ajustes razonables que permitan la continuidad de su trayectoria educativa.
En la exposición de motivos se señala que “en México, el embarazo adolescente representa un desafío importante para las políticas públicas en materia de educación, salud y desarrollo social, ya que cada año se registran miles de nacimientos en mujeres menores de veinte años que se encuentran en etapas formativas de su vida personal y académica”.
Estudios han señalado que una proporción significativa de adolescentes que se convierten en madres enfrentan mayores probabilidades de abandonar la escuela antes de concluir su educación media superior, lo cual genera consecuencias que se extienden a lo largo de su vida adulta, ya que la interrupción de los estudios reduce las oportunidades de acceder a empleos mejor remunerados y limita las posibilidades de desarrollo profesional.
Esta realidad también se presenta en el estado de San Luis Potosí, entidad federativa que cuenta con una población aproximada de más de dos millones ochocientos mil habitantes y en la cual una parte importante de la población se encuentra en edades jóvenes, lo que implica la necesidad de fortalecer las políticas educativas que permitan garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía durante el año 2024 se registraron en San Luis Potosí más de dos mil nacimientos correspondientes a madres menores de edad, dentro de los cuales se identificaron casos de niñas de entre 10 y 14 años y un número considerable de adolescentes de entre 15 y 17 años, lo que refleja que una parte de estos nacimientos ocurre durante etapas en las que muchas jóvenes se encuentran cursando estudios de educación secundaria o media superior.
El abandono escolar asociado al embarazo adolescente genera consecuencias que trascienden el ámbito individual y que impactan en el desarrollo social y económico de las comunidades, ya que cuando una joven abandona la escuela se reducen sus oportunidades de acceder a empleos formales y se incrementa la probabilidad de que enfrente condiciones de pobreza o dependencia económica.
Se aprobó reconocer dentro del artículo 75 el derecho de las alumnas embarazadas o en periodo de maternidad a continuar y concluir sus estudios en condiciones de igualdad y sin ser objeto de discriminación, garantizando la adopción de medidas de apoyo que permitan su permanencia dentro del sistema educativo.
Estas modificaciones responden a la necesidad de construir un sistema educativo más incluyente que reconozca las diversas realidades sociales que enfrentan las personas estudiantes y que adopte medidas para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación.
Fortalecer la permanencia escolar de las jóvenes que enfrentan situaciones de embarazo o maternidad no solo representa una medida de justicia social sino también una estrategia que contribuye al desarrollo económico y social de la entidad, ya que la educación es uno de los principales factores que permiten mejorar las condiciones de vida de la población y reducir las brechas de desigualdad.
