Avanzar hacia un ambientalismo mexicano que combine ciencia, cultura y justicia social, con las comunidades y las personas al centro: entre las principales propuestas de autoridades y organizaciones reunidas ayer en el foro “Raíces y Futuro: Hacia un ambientalismo mexicano” 

Ciudad de México, 10 de diciembre de 2025. En un país donde la política ambiental ha avanzado más rápido que el respaldo social que la sostiene, el foro “Raíces y futuro: hacia un ambientalismo mexicano” abrió un espacio de diálogo distinto, convocado conjuntamente por la Cámara de Diputados y la organización civil Entorno a ti. En el evento se puso al centro a las comunidades, los territorios y a quienes viven cotidianamente las tensiones entre conservación, desarrollo y bienestar.

Durante la inauguración, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, subrayó que el reto ambiental de México no es únicamente técnico o normativo, sino profundamente social. La Secretaria afirmó que “Tenemos que colocar en el centro a las comunidades y a las personas”, y avanzar hacia “mecanismos donde la gente tenga voz y poder real de decisión”, señalando que las políticas públicas solo serán sostenibles si se construyen con quienes habitan y protegen el territorio.

En ese sentido, se sumó a la idea de construir “un nuevo ambientalismo mexicano, que combine ciencia, cultura, justicia social y justicia ambiental”, basado en cuatro principios: primero, que la gestión ambiental se traduzca directamente en bienestar social y económico para las comunidades que habitan y protegen los territorios; segundo, un ambientalismo que empodere a la ciudadanía mediante mecanismos de democracia participativa, consultas informadas y educación ambiental; tercero, el reconocimiento de la vulnerabilidad que atraviesan muchos municipios del país, asociada a la desigualdad social, para centrar las acciones públicas en fortalecer la resiliencia comunitaria y los sistemas agroecológicos; y cuarto, una visión que reconozca el territorio no solo como un recurso natural y ecosistémico, sino como un espacio de vida y de derechos para las personas.

Expertos, legisladores y líderes comunitarios coincidieron en que el futuro de la conservación en el país depende de revalorizar la voz de las comunidades como un actor esencial de la política ambiental, así como impulsar una base amplia de respaldo social que integre la protección ambiental con los intereses, valores y prioridades de la sociedad en general. 

El foro sirvió también para plantear grandes temas pendientes en el tema ambiental como el acceso a financiamiento para proyectos ambientales, el apoyo para promover capacitaciones y educación ambiental entre la juventud, la desaparición de instituciones claves para el trabajo ambiental en el norte del país, la necesidad de promover un desarrollo más justo en el que la atención de temas climáticos no se convierta en un elemento restrictivo para la actividad pesquera, la necesidad de reconocer el territorio como un elemento clave del desarrollo ambiental y social, la urgencia de reconocer la vulnerabilidad a la que están expuestos cientos de municipios en el país derivado del impacto de los grandes retos ambientales y la necesidad de trabajar siempre reconociendo que la justicia ambiental pasa también por la justicia social. 

Por su parte, el diputado Joaquín Zebadua reconoció a las organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada por sumarse a este foro y mencionó la necesidad de traducir el diálogo iniciado en propuestas concretas de legislación y una organización más fuerte de las comunidades y sectores más amplios de la población. Llamó también a la inversión privada a sumar esfuerzos para mejorar la gestión ambiental y complementar los esfuerzos que ya realiza el sector público.

Silvia Murillo, de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), propuso un cambio de discurso para destacar el valor económico real de la conservación forestal, argumentando que no existe necesidad de elegir entre ambos, pues intentar hacerlo resulta en la pérdida de ambos objetivos. 

Desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, líderes como Gustavo Sánchez de Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF), reconocieron el fortalecimiento del diálogo con las organizaciones sociales en la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y realizó un llamado urgente a detener la caída de la inversión pública en política ambiental, señalando que el presupuesto de CONAFOR es hoy similar al de hace 20 años a pesar de que en ese tiempo se ha multiplicado la extensión de territorio que se debe atender. Su propuesta se centra en fortalecer el diálogo con el gobierno y ver a las organizaciones territoriales como aliados fundamentales para promover la sustentabilidad y fortalecer el tejido social. 

De igual manera, Aureliano Aldama de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras (CONACOOP) criticó el doble estándar que se tiene en materia ambiental, donde se permite la afectación ambiental de grandes proyectos, mientras que a los productores primarios se les restringen las actividades productivas aun cuando tienen un impacto mucho menor sobre el entorno natural. Llamó a que se reflexione sobre la conservación para el futuro, pero asegurando que pueden atenderse las necesidades del presente. Dijo que los retos ambientales deben enfrentarse desde “la responsabilidad compartida” asumiendo el rol “que cada quien tiene en la sociedad y sin cargar el costo de la conservación sobre los productores primarios” y denunció que las exigencias de evaluaciones de impacto ambiental son prohibitivas para la mayor parte de los pescadores ribereños.

En tanto que Edgar Moreno, Director Ejecutivo de Entorno a Ti llamó a continuar el diálogo que inició en este foro para ampliar la conversación ambiental. Dijo que, pese a avances técnicos y normativos, el ambientalismo en México no ha logrado convertirse en una prioridad social amplia ni en una causa compartida por la mayor parte de la sociedad. Por eso, dijo “es necesario anclar el ambientalismo en los valores, aspiraciones y realidades que viven a diario las y los mexicanos” para evitar que esta agenda que nos convoca a todos siga percibiéndose como una conversación de una élite o una imposición externa, ajena a las preocupaciones cotidianas de la sociedad.

Otro aspecto crítico es el impulso a los proyectos comunitarios que combinan desarrollo, con defensa del territorio y conservación ecológica, temas referidos por representantes de organizaciones comunitarias como Pablo Chankín, representante de la organización Tres Lagunas de la Selva Lacandona,quien destacó que la selva, una «fábrica de agua dulce», se está perdiendo por incendios e invasiones, lo que amenaza la cultura ancestral de que «sin selva no hay vida».

Por su parte, Sixto Pinacho de la organización Corazón del Valle en Cintalapa, Chiapas, compartió el éxito de su ejido al combinar la silvicultura (extracción de resina) con proyectos de agua con enfoque de cuenca como eje central de su proyecto. Durante su participación solicitó al Poder Legislativo una inversión adecuada para que los procesos de valor agregado no queden inconclusos. En síntesis, los participantes coincidieron en la necesidad de facilitar.

Las conclusiones del foro coincidieron en una idea central: México necesita ampliar la base social de su política ambiental. Raíces y futuro se planteó así como un punto de partida para construir consensos más amplios, tender puentes entre el mundo rural y el urbano, y avanzar hacia un ambientalismo que no excluya, sino que sume.

El compromiso final fue claro: llevar estas reflexiones al terreno legislativo y de política pública, y continuar abriendo espacios para construir un apoyo social más amplio, donde las y los mexicanos sean reconocidos como actores centrales en la construcción del futuro ambiental del país.