Lic. Abraham Ulises Parga Segura
Mayo 07, 2026
Resulta complejo analizar la calidad de la democracia, más todavía cuando en realidad no sabemos siquiera un significado auténtico en sí. Desde un particular punto de vista, la mayoría de los autores definen a la democracia según su experiencia personal y logran identificarla de una manera muy subjetiva sin que esto permita conocer satisfactoriamente un concepto único y genuino.
Joseph Schumpeter, por ejemplo, da una definición minimalista (procedimental) que critica a la teoría democrática clásica-utópica de ‘gobierno popular’, concibiendo a la democracia como una «técnica, método o arreglo institucional por medio del cual las sociedades contemporáneas adquieren el poder de decidir el rumbo político» [paráfrasis].
Si bien, es una concepción un tanto precaria, lo cierto es que para fines estadísticos o metódicos es muy útil porque permite analizar cuantitativamente a la democracia como verbo y no como sustantivo. En ese sentido, es importante cuestionar: ¿México realmente es democracia desde el punto de vista procedimental?…
Por muchos años se estimó que México era un país con un régimen autoritario porque a pesar de tener en la Constitución Federal un reconocimiento de «república democrática, federal y popular», un solo partido (PRI) ocupó los distintos cargos de elección popular sin permitir una competencia real de otras fuerzas políticas; había elecciones, existía oposición, se contaba con un organizado sistema electoral pero no se apreciaba alternancia gubernamental ni representatividad popular porque el partido en el poder simulaba una democracia procedimental.
¿En qué momento entonces México deja atrás la democracia procedimental y transita a la democracia sustantiva? Los eruditos afirman que es en un periodo de 1977 a 1996, cuando con el apoyo de distintas y diversas luchas sociales se logran reformas constitucionales en materia electoral, dando origen a un ‘gradualismo político’ que permitió progresivamente mayor participación social en los asuntos políticos del Estado.
Parafraseando a Robert Dahl: «vamos avanzando como mínima democracia cuando en un momento dado se vuelve más costoso reprimir a la oposición que tolerarla». El hecho de transitar de una democracia mínima o procedimental a una democracia sustantiva (con mayores derechos y libertades), no garantiza una consolidación y mucho menos un desarrollo democrático de calidad.
El politólogo italiano Leonardo Morlino asegura que la consolidación democrática es un «proceso de adaptación-congelación de estructuras y normas democráticas que son aceptadas como legítimas, en parte o del todo, por la sociedad civil». Es decir, que para que exista consolidación, debe la democracia sustantiva ser socialmente aceptada como la mejor forma para procesar los conflictos cotidianos de la sociedad. Pero tener una democracia consolidada no implica necesariamente gozar de calidad democrática. Por ejemplo, Estados Unidos de América es una de las democracias más antiguas del mundo con cerca de 250 años de historia, dispone de un sistema político estable, organiza elecciones regulares y cuenta con una amplia protección de derechos civiles y políticos pero esa consolidación no le ha asegurado índices de alta calidad democrática a diferencia de Finlandia, Islandia o los países escandinavos.
En palabras de Pippa Norris, Susan Stokes y Amartya Sen, la calidad democrática conlleva que las instituciones políticas y los procesos electorales sean libres, justos, transparentes y responsables, que las decisiones sean tomadas de manera inclusiva, participativa y equitativa, que exista un respeto irrestricto a los derechos y a las libertades individuales y colectivas, además de una pleitesía al Estado de Derecho y a la separación de poderes.
Algunos de los indicadores utilizados para evaluar la calidad democrática incluyen cosas simples, como la protección de los derechos humanos, libertad de expresión, existencia de partidos políticos, participación de la sociedad civil organizada, independencia del Poder Judicial, transparencia y rendición de cuentas, paridad de género en asambleas legislativas, etc. No obstante, no todas las naciones que se aducen como Estados democráticos consolidados logran satisfacer esos requisitos que los eleva precisamente a catalogarse con calidad democrática.
‘Freedom House’ es una organización no gubernamental estadounidense dedicada a la investigación y promoción mundial de la democracia, los derechos humanos y la libertad política; cotidianamente monitorea el pluralismo democrático global y particularmente realiza un índice estadístico en el mundo, en el que cada año se evalúa la libertad democrática tomando como referencia 208 países. México en el ranking 2026 cuenta con 58/100 puntos porcentuales, clasificándose como «parcialmente libre» y figurando de entre las naciones de América Latina, como una de las más bajas en grado de satisfacción con la democracia. Puntuación que corresponde 26/40 a derechos políticos y 32/60 a libertades civiles.
Una preocupante cifra porcentual; recientemente publicada el 19 de marzo de 2026 respecto de los sucesos del año anterior. Preocupante tomando en consideración que en el último lustro, México ha disminuido su puntuación de 61/100 a 58/100, debido a que enfrenta deudas, retrocesos y desafíos en los que el crimen organizado juega un papel protagónico, pero también: las olas de violencia e impunidad cotidiana, corrupción, reforma al Poder Judicial, alta tasa de desempleo, eliminación de organismos autónomos, carente estructura de salud y educación, colapso del sistema de pensiones y el riesgo manifiesto que conlleva ejercer actividades como el periodismo y la defensa de los derechos humanos.
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