Lic. Abraham Ulises Parga Segura
Abril 28, 2026
No resulta extraño manifestar que desde que el partido oficialista llegó al poder en 2018, esperábamos una especie de transición democrática en México, en donde principalmente la austeridad y el «amor a los pobres» se convirtieron en emblema y fonema de un sexenio que redefinió, tal vez para bien, tal vez para mal, el marco moral de la política en nuestro país.
Para algunas personas, López Obrador fue un ‘populista’ en el sentido académico de la palabra, porque supo pregonar un discurso atractivo para las masas, el de «pueblo contra élite», discurso que generó fuerzas opuestas entre el sector económicamente dominante de la sociedad y el ‘bajo pueblo’ o sector social menos favorecido; sembró discordia entre ricos y pobres por la manera en que se concebía la posesión y la capitalización de los recursos. Básicamente elevó la desigualdad social a una cuestión de identidad.
Populismo o no, el ‘obradorismo’ fue una corriente muy bien aceptada en México, porque si algo hay que reconocerle a López Obrador, es su carisma. Tenía ese don natural para predicar «no buscaba que le admiraran, buscaba que le creyeran» y a raiz de eso creó su propia narrativa política ‘víctima-redentor’ («me robaron la presidencia muchas veces por querer rescatar a México de la mafia del poder»). Funcionó tanto esa narrativa que las instituciones pasaron a un segundo plano… en el sexenio lo único que importaba era lo que dijera el presidente de la república.
Y si al presidente de la república no le gustaba algo, se cambiaba, porque el don de predicador llegó hasta el Poder Legislativo, en el que con una abrumadora mayoría de escaños y curules teñidos de guinda, no había legislador alguno que se contrapusiera a los designios presidenciales, tanto así que terminó por aprobarse la reforma a uno de los Tres Poderes del Estado, particularmente sin diagnóstico técnico, visibilidad operativa, y lo más importante: sin consenso y/o diálogo institucional con el Poder Judicial.
Actualmente tal vez podríamos estar enfrentando las consecuencias de esa reforma con jueces, magistrados y/o ministros sin la pericia técnica adecuada mínima para desempeñar su función. Lo anterior, si bien es alarmante, lo realmente sorprendente es que en 2026 el poder público en México está más concentrado que desde hace diez años (2016).
Y recapitulemos; actualmente el Poder Ejecutivo no tiene ‘contrapesos políticos’ porque mientras el Poder Legislativo mantiene una hegemonía parlamentaria del partido oficialista, el Poder Judicial está integrado en su mayoría por personas juzgadoras afines al oficialismo derivado principalmente de la relativamente reciente elección popular de personas juzgadoras. Básicamente el partido en el poder puede reformar la Constitución sin ningún problema, primero, porque logra y ha logrado la mayoría calificada en los congresos locales y federal, segundo, porque sin guardianes imparciales de la Constitución (jueces, magistrados y/o ministros) que sustancialmente la protejan, es más fácil esquivar los propios controles constitucionales establecidos para su observancia.
Eso sin mencionar que organismos autónomos como el INAI, encargado de transparentar de manera fehaciente el actuar del gobierno, ya no existe. Que el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con más consejerías electorales afines al partido guinda, que imparciales. Que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, controlan ambas en su mayoría: aduanas, aeropuertos y trenes. Que lejos también del 2016, las empresas ‘productivas’ del Estado: Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de los endeudamientos que poseen, ya no compiten económicamente con la iniciativa privada, sino que ahora son directamente favorecidas con leyes para limitar la inversión privada en materia energética.
Samuel P. Huntington en su concepto de las «olas democráticas» (conjunto de transiciones de un régimen no democrático a otro democrático, ocurrido en determinado periodo para superar un cambio en dirección opuesta), particularmente en la que denomina ‘Tercera Ola’ (iniciada en 1974, específicamente en Portugal a partir de un golpe de Estado militar, debido al crecimiento económico mundial, las políticas democráticas de EE.UU. en otros países y el efecto ‘bola de nieve’), nos expone, a manera de paráfrasis que «a toda ‘ola’ corresponde una ‘contraola’, caracterizada ésta principalmente como un retroceso al régimen democrático que conocemos y como un retorno al poder concentrado no democrático».
La ‘Tercera Contraola’ de Huntington nos ilustra que el retroceso democrático de este periodo (aproximadamente del año 2000 a la fecha) se debió principalmente al surgimiento de líderes populistas, debilitamiento de instituciones democráticas, polarización política y desafíos internos de la democracia liberal, principalmente en Europa del Este, Asia Central y África. La pregunta es: ¿En pleno 2026, México estará formando parte o formará parte en años posteriores, de la Tercera Contraola Democrática de Huntington? Porque pareciera que estamos dejando atrás la alternancia que tanto caracteriza a la democracia que conocemos y estamos regresando al poder concentrado, similar al PRI de los años 70’s.
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