Por: Disidente
Hay momentos en la vida pública en los que gobernar no consiste en emitir un comunicado desde una oficina, sino en salir, acercarse a la gente y dar la cara.
Eso fue lo que hizo la presidenta municipal de Matlapa, Ing. María de Jesús Rivera Rosales, ante la tensión generada en Picholco, municipio de Axtla de Terrazas, luego del fallecimiento de Fermín Isabel Antonio, de 47 años, ocurrido después de una detención relacionada con un percance vial.
Más allá de las versiones que circulan y de los señalamientos de un presunto abuso policial —hechos que tendrán que ser investigados y esclarecidos por las autoridades competentes—, hay algo que merece destacarse: la actitud asumida por la alcaldesa.
En lugar de mantenerse al margen, Marichuy Rivera acudió personalmente a Picholco para encontrarse con las familias afectadas, escuchar sus reclamos y participar directamente en la búsqueda de una salida institucional a un conflicto que ya había elevado la tensión en la zona.Y hacerlo no era sencillo.
La carretera México–Laredo había sido bloqueada de manera intermitente. Había indignación entre los habitantes y, de acuerdo con lo informado, elementos de la Policía Municipal permanecían retenidos por pobladores que exigían ser escuchados.
En escenarios así, cualquier palabra puede encender todavía más los ánimos. Por eso resulta significativa la decisión de la presidenta municipal de privilegiar el diálogo y la serenidad.
La reunión contó además con la presencia del subsecretario de Gobierno del Estado, Herón Bulos Lárraga, y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, representada por la Lic. Citlali Hernández Morales. No fue solamente una reunión política: fue un encuentro con presencia institucional para encauzar una situación que exigía responsabilidad y sensibilidad.
La postura del Ayuntamiento fue clara: cero tolerancia al abuso de autoridad.
A partir de esa mesa se establecieron acuerdos concretos.
Los elementos señalados fueron separados de sus funciones operativas e institucionales mientras avanzan las investigaciones.
La Fiscalía General del Estado continuará con la carpeta correspondiente para determinar responsabilidades y, en su caso, actuar conforme a derecho.
También se estableció el acompañamiento a la familia y el seguimiento al proceso de reparación del daño que corresponda conforme a la ley.
Hay que subrayarlo: separar a elementos de sus funciones no significa declarar culpables a quienes están siendo señalados. La responsabilidad penal deberá determinarse mediante una investigación formal y con apego al debido proceso. Pero tampoco significa ignorar el reclamo de una familia que atraviesa por una pérdida dolorosa.
Ahí está, precisamente, el valor de la decisión tomada.
La política suele medirse por discursos, obras, cifras y anuncios. Pero hay momentos en que el verdadero carácter de un gobernante se conoce cuando aparece frente a una comunidad molesta, frente a una familia lastimada y frente a un problema que nadie quisiera enfrentar.
En Picholco, la alcaldesa decidió estar ahí.
Y después de concretarse los acuerdos, los habitantes liberaron la vía federal y también a los elementos que permanecían retenidos, permitiendo que el tránsito volviera a la normalidad.
No se trata de presentar este episodio como un asunto resuelto de un plumazo. La investigación apenas tiene que seguir su curso y será la autoridad competente la que determine qué ocurrió y quiénes tienen responsabilidad.
Pero sí hay una lección política en lo sucedido: cuando la ciudadanía exige respuestas, esconderse detrás de un escritorio rara vez ayuda. Escuchar, dialogar y asumir la responsabilidad institucional puede ser el primer paso para recuperar la confianza.
En una época en la que abundan los funcionarios que prefieren el comunicado antes que el contacto directo con la gente, la actitud serena y madura de María de Jesús Rivera Rosales merece ser observada.
Porque gobernar también significa eso: estar cuando las cosas se complican, escuchar cuando hay enojo y dar la cara cuando la comunidad necesita respuestas.
