Filiberto Juárez Córdoba
“Somos los representantes del pueblo, y desdeñar al Congreso es desdeñar al pueblo de San Luis Potosí”, dijo el diputado Héctor Serrano, con motivo de la inasistencia del rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, a la reunión convocada “para abordar los temas del presupuesto para 2026 que está en análisis”.
Interesante resulta lo dicho por un diputado de representación proporcional, es decir que representa a la porción de ciudadanos que votaron por su partido, por lo que el cargo lo obtuvo no por votación directa sino por el número que le tuvo en el listado que su partido registró. Aunque tanto los de mayoría relativa -los que llegaron al cargo por haber obtenido la mayoría de la votación válida emitida- como los de representación proporcional cumplen la misma función, integrar el Poder Legislativo, desdeñan su invocada representación del pueblo al constituirse en bancadas partidistas, ejecutando sus funciones bajo claras perspectivas de intereses y acuerdos de grupo.
“Para abordar los temas del presupuesto para 2026, que está en análisis”, suena lógico si se le fueran a destinar a la institución recursos en el presupuesto de egresos de manera expresa y directa. Sin embargo, lo que causó la polémica fue el retraso de una partida que no autorizó el Congreso, fue parte de un compromiso firmado por el Poder Ejecutivo del estado, con el gobierno federal, para el apoyo a las instituciones de educación superior que funcionan como organismos descentralizados y otras consideradas en ese nivel.
El recurso que reclamó la UASLP y genera la confrontación e intromisión – suponemos que oficiosa- de los diputados, se comprometió en el Anexo de Ejecución del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, de fecha 13 de enero del 2016, del gobierno federal y el gobierno estatal. Cada estado de la república tiene un convenio igual con la federación, y que se sepa ninguna legislatura estatal a citado a los rectores o directores de las instituciones que reciben el apoyo financiero.
El anexo de ejecución se renueva o actualiza cada año, por la SEP, a través de la Subsecretaria de Educación Superior y la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural con los gobiernos de los estados. En el caso de San Luis Potosí, el Anexo de Ejecución fue firmado el 8 de enero de 2025, surtiendo efecto a partir de su firma para concluir el próximo 31 de diciembre.
Por la SEP, fue firmado por la directora de Educación Superior Universitaria e Intercultural y por el director de Subsidios a Universidades. Por el ejecutivo estatal, firmaron el gobernador, el secretario general de gobierno, la secretaria de finanzas, el secretario de educación y el contralor general del estado. Por la Universidad, el rector. En ninguna parte aparece la firma, autorización o aval, del Poder Legislativo. Se entiende que es un compromiso del gobierno estatal con el federal, para el apoyo financiero a la educación superior. En todo caso, los diputados pueden citar al secretario de Educación, que es el responsable de darle seguimiento al convenio, para que les explique en qué consiste ese compromiso y de dónde se deriva. También tratar lo de la presupuestación de los recursos para que a los demás organismos públicos descentralizados de educación superior se les entregue en tiempo y forma lo que sus Anexos de Ejecución determinan.
El Presupuesto de Egresos, en el ramo educativo, se supone, debe elaborarse con los datos aportados por la SEGE y los de los proyectos del Plan Estatal de Desarrollo. Las entidades que van a recibir el apoyo financiero tienen que plantear sus necesidades a las instancias educativas correspondientes. Para que los diputados despejen dudas, el Anexo de Ejecución siempre contempla un Apartado Único en el que se detalla la distribución del apoyo financiero otorgado, por la SEP y el Ejecutivo Estatal, a la institución, en este caso la UASLP.
Servicios personales, estímulos al personal docente, gasto de operación y gasto de operación peso a peso, son los conceptos a los que van destinadas las cifras. La totalidad del dinero que aporta el estado, $ 506 155 546.00 (quinientos seis millones, ciento cincuenta y cinco mil, quinientos cuarenta y seis de pesos), está destinado a servicios personales. El gobierno federal apoya a la UASLP con $ 2 483 540 533.00 (dos mil cuatrocientos ochenta y tres millones, quinientos cuarenta mil quinientos treinta y tres pesos). Estos recursos se deben entregar en ministraciones mensuales calendarizadas en el Apartado Único, con el compromiso de que una vez que la federación radique su cuota, en un plazo máximo de 5 días, el estado debe hacer lo que le corresponde.
El Apartado Único incluye las plantillas del personal académico, así como las prestaciones que se cubren. Está detallado el destino que se le da a ese apoyo financiero y los mecanismos de control y justificación del gasto. Bueno sería que los señores diputados leyeran primero este documento y luego opinaran sobre las cuestiones de presupuestos universitarios.
Sobre todo, porque el Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero está vigente. Es un compromiso entre el gobierno federal y el estatal, y en enero de 2026, se tiene que renovar el Anexo de Ejecución. Ahí el Congreso del Estado no interviene directamente con la UASLP ni con ninguna de las instituciones que reciben ese apoyo financiero. En todo caso es la SEGE, la que tiene que contemplar, por ser responsable de la gestión y seguimiento, las partidas que, con carácter de irreductible, deben destinarse cada año a la educación superior a través de este convenio. Si el Congreso del Estado quiere otorgar financiamiento estatal a la UASLP, que lo diga y, entonces sí, que el rector vaya con gusto a platicar con ellos, les diga cuánto necesita la institución y les rinda cuentas de lo que le den.
Para concluir hay que decir que ese convenio es público y en internet se consigue fácilmente. Si lo que el diputado Serrano pretende es hacer quedar mal a la máxima casa de estudios, flaco favor le está haciendo al gobernador. La historia consigna varios episodios en los que a la gente de poder, la comunidad universitaria potosina, les dio su buena desconocida.