EL MINISTERIO PÚBLICO TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR CON LA DEBIDA DILIGENCIA PARA SALVAGUARDAR SUS DERECHOS Y BRINDAR PROTECCIÓN ANTE POSIBLES SITUACIONES DE RIESGO. DIP: JACQUELINN JÁUREGUI MENDOZA
El Pleno del Congreso del Estado aprobó la iniciativa que reforma el Código Penal del Estado para establecer que el delito de abandono de personas sea investigado de oficio cuando la víctima sea niña, niño, adolescente, persona adulta mayor o persona con discapacidad.
La modificación, impulsada por la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza, contempla la adición del artículo 204 TER al Código Penal del Estado, con el propósito de fortalecer la protección de los derechos de quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y garantizar una actuación oportuna de las autoridades.
Destacó que con esta reforma, el delito de abandono cometido contra integrantes de estos grupos deberá ser perseguido de oficio, por lo que el Ministerio Público tendrá la obligación de actuar con la debida diligencia para salvaguardar sus derechos y brindar protección ante posibles situaciones de riesgo.
La legisladora expuso que la modificación atiende una problemática real, relacionada con la imposibilidad material que pueden enfrentar determinadas víctimas para denunciar por sí mismas, por lo que resulta necesario fortalecer la intervención del Estado y evitar que este tipo de conductas permanezcan impunes.
Señaló que, el abandono de personas en situación de vulnerabilidad constituye una grave afectación a los derechos humanos y una expresión de violencia estructural que requiere una respuesta institucional efectiva, particularmente cuando se trata de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Indicó que, “Particularmente cuando se trata de niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad donde se requiere una protección reforzada, tanto por su condición de edad, física o mental, como por los múltiples factores sociales que los colocan en situación de desventaja o riesgo”, expresó.
Además puntualizó que la reforma aprobada busca fortalecer el carácter preventivo y garantista de la legislación penal, así como la política criminal del Estado, al establecer mecanismos que permitan una intervención más rápida ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida, integridad y dignidad de las personas.
