CADA INICIATIVA, DECISIÓN PRESUPUESTARIA Y EJERCICIO DE FISCALIZACIÓN DEBE RESPONDER AL COMPROMISO DE SERVIR A SAN LUIS POTOSÍ CON SERIEDAD, SENSIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD: DIP. DULCELINA SÁNCHEZ DE LIRA
Como parte de las actividades conmemorativas por el Bicentenario de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí de 1826, el Congreso del Estado realizó la Conferencia Magistral “1826, Influjo constitucional en la transición hacia los estados, división de poderes y construcción del Poder Legislativo”, impartida por el doctor Alfredo Sainez Araiza, coordinador de la División de Derecho Político y Gobierno de la Universidad de Guanajuato.
En el evento participaron el diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, director del Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa del Congreso del Estado, y la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, vocal del Comité de dicho instituto.
Durante su intervención, la legisladora Dulcelina Sánchez de Lira, destacó que esta conmemoración representa una oportunidad para comprender el origen institucional de San Luis Potosí y reflexionar sobre las responsabilidades actuales del Poder Legislativo.
Señaló que hace 200 años, la entidad formó parte de uno de los procesos más trascendentes de su historia, al construir un orden constitucional propio en el contexto de la naciente República Federal. La Constitución de 1826 estableció las bases para organizar el poder público, consolidar las instituciones y abrir camino a la representación política de las y los potosinos.
Asimismo, consideró que el legado de los primeros constituyentes debe reflejarse en el trabajo cotidiano de las instituciones, mediante la elaboración responsable de leyes, la revisión del uso de los recursos públicos, la transparencia y el respeto al marco constitucional.
La diputada enfatizó que cada iniciativa, decisión presupuestaria y ejercicio de fiscalización debe responder al compromiso de servir a San Luis Potosí con seriedad, sensibilidad y responsabilidad. Añadió que la división de poderes exige respetar las atribuciones y límites de cada institución, así como mantener la colaboración en beneficio de la ciudadanía.
Por su parte, el doctor Alfredo Sainez Araiza, durante su ponencia explicó que la evolución del constitucionalismo, desde la Constitución española de 1812 y la Constitución Federal de 1824, sentó bases importantes para la organización de los poderes públicos y el desarrollo de los derechos fundamentales.
Destacó que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 fortaleció el reconocimiento de estos derechos en el ámbito nacional e internacional, por lo que consideró necesario reflexionar sobre los mecanismos para garantizarlos y hacerlos efectivos.
El especialista también resaltó la importancia de preservar el equilibrio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como fortalecer la función de control político que ejerce el Congreso sobre los actos del Ejecutivo.
Por último, señaló que el Poder Legislativo, como representante de la sociedad, tiene la responsabilidad de defender los intereses de la ciudadanía y garantizar sus derechos fundamentales, desafíos que mantienen plena vigencia a 200 años de la promulgación de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.
