Ciudad de México, 27 de abril de 2026.- La reciente resolución del panel laboral bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC en el caso de la mina Camino Rojo, el tercero en concluirse, establece un precedente sobre la responsabilidad de las empresas frente a actos de terceros. Este fallo determina que el empleador debe garantizar la libertad de asociación incluso ante presiones de agentes externos ajenos a la relación laboral, lo que modifica la interpretación de las obligaciones patronales en México.
José María Galindo Fuguemann, socio de la firma De la Vega & Martínez Rojas, señala que existe una preocupación por el traslado de la responsabilidad de los entornos sociales a los patrones. El abogado corporativo explica que el panel determina la responsabilidad de la empresa cuando existen amenazas o violencia, aun cuando provengan de terceros ajenos a la relación laboral, bajo el argumento de que el empleador debe desarrollar las medidas necesarias para garantizar el entorno de los trabajadores.
De acuerdo con el especialista, esta postura de los paneles internacionales resta validez a las acciones preventivas que las empresas han implementado de forma proactiva. Galindo Fuguemann afirma que en esta resolución se menciona que el hecho de que el patrón haya hecho pública una carta de neutralidad, haya capacitado a los trabajadores y haya desarrollado políticas de neutralidad es insuficiente si no se tomaron medidas para evitar que un agente externo incidiera en la libre asociación.
El análisis técnico de la firma identifica una discrepancia entre los criterios de los paneles y el marco normativo nacional, pues en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 357, establece con precisión qué conductas se consideran actos de injerencia, enfocándose principalmente en el control económico o fomento de organizaciones sindicales por parte del patrón. Sin embargo, los paneles del tratado comercial han aplicado interpretaciones que trascienden lo dispuesto en la legislación mexicana vigente y en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Galindo Fuguemann cuestiona la valoración de pruebas en estos mecanismos internacionales, ya que el material probatorio de la resolución deviene de grabaciones de audio y video de los trabajadores que podrían ser editadas o generadas por inteligencia artificial, pero fueron validadas bajo la sola presunción de que hubo medidas de coacción.
Ante la revisión programada del T-MEC, el socio de De la Vega & Martínez Rojas propone que se generen reglas claras que otorguen certeza jurídica a los empleadores, “es necesario un procedimiento que norme los Mecanismos de Respuesta Rápida de tal suerte que la defensa pueda basarse en las leyes y no solamente en presunciones subjetivas”.
Añadió que es fundamental la colaboración entre cámaras empresariales de México, Estados Unidos y Canadá para defender los intereses de los inversionistas y asegurar que el marco legal privilegie el derecho de los trabajadores sobre los intereses de lucro de las organizaciones sindicales.
