La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), a través de las facultades de Derecho Abogado Ponciano Arriaga y de Psicología, mantiene una colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México para brindar atención jurídica y psicosocial a personas refugiadas que llegan al estado, un modelo que se ha consolidado desde 2020 y que hoy es considerado un referente por su carácter integral.
La doctora Lilia Selene May Salazar, asociada de Protección de la oficina de ACNUR en San Luis Potosí, explicó que la colaboración comenzó durante la pandemia y se fortaleció con la firma de un convenio con la UASLP, renovado en 2024 mediante la Cátedra Sergio Vieira de Mello. Destacó que actualmente se atiende a alrededor de siete mil 200 personas refugiadas en todo el estado. «Al día de hoy lo puedo decir y reconocer que es una de las universidades que proporcionan todos estos servicios de manera íntegra», afirmó. Señaló que las personas atendidas provienen de países como Honduras, Guatemala, El Salvador, Cuba, Haití, además de naciones de África y Europa, y recordó que todas ellas abandonaron sus lugares de origen porque «su vida y su integridad corren peligro».
El doctor Guillermo Luévano Bustamante, coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, explicó que el proyecto ofrece servicios legales gratuitos y atiende en promedio 300 casos al año, muchos de ellos correspondientes a familias completas.
Comentó que el acompañamiento se enfoca principalmente en la regularización migratoria mediante la obtención de visas humanitarias, CURP y otros trámites indispensables para que las personas puedan acceder a un empleo formal y ejercer plenamente sus derechos. «Eso ya cambia la vida de las personas, porque de estar escondiéndose, con temor de deportación y empleos precarios, pasan a tener tranquilidad y oportunidades laborales con seguridad social», expresó.
El académico destacó que la clínica representa también un espacio de formación profesional para estudiantes de Derecho, quienes participan en asesorías, gestiones administrativas y litigios ante juzgados federales bajo supervisión especializada. Añadió que la experiencia permite acercarlos al derecho internacional y fortalecer su compromiso social. «La satisfacción es ayudar a cambiar la vida de la gente y formar estudiantes con conocimientos relevantes y comprometidos socialmente», indicó, al reconocer además el trabajo de las abogadas Ana Cristina de Loera y Leslie Carolina Cervantes, así como del equipo estudiantil que realiza servicio social y prácticas profesionales.
Por su parte, la maestra Sayra Medina Orta, coordinadora de Extensión y Responsabilidad Social de la Facultad de Psicología, explicó que el trabajo de esa entidad académica inició con el acompañamiento a personas migrantes en la estación migratoria y posteriormente evolucionó hacia una colaboración permanente con la Clínica de Litigio Estratégico. Desde el año pasado, estudiantes de los últimos semestres de Psicología participan en las asesorías para brindar atención emocional paralela al apoyo jurídico. «Lo legal suele ser lo más apremiante, pero también las situaciones psicológicas y emocionales que viven las personas son necesarias atenderlas», señaló.
La docente informó que el equipo de Psicología ha participado en la atención de 206 casos y que, además del acompañamiento individual a las personas refugiadas, también desarrolla estrategias de autocuidado y cuidado colectivo para quienes integran los equipos de trabajo. Consideró que esta experiencia permite al estudiantado comprender la realidad social de la migración desde una perspectiva interdisciplinaria y fortalecer su formación profesional mediante el contacto directo con las personas atendidas.
Los participantes coincidieron en que la colaboración continuará fortaleciéndose y expresaron su interés por incorporar a otras entidades académicas de la UASLP, particularmente las facultades del Área de la Salud y de Economía, con el propósito de ampliar los servicios dirigidos a la población refugiada y consolidar un modelo universitario de atención integral sustentado en la defensa de los derechos humanos y la responsabilidad social.
