se espera la disuasión del delito mediante sanciones más severas y agravantes específicos que desincentivarán la comisión de despojos: Dip. Leticia Vázquez
Para fortalecer el marco sancionador respecto al delito de despojo, a fin de incrementar la pena básica y establecer un catálogo de agravantes, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el Decreto que reforma al artículo 228 Bis del Código Penal del Estado.
El dictamen, presentado por la Comisión Primera de Justicia que preside la diputada Leticia Vázquez Hernández, incrementa la pena de dos a siete años de prisión, y sanción pecuniaria de cien a quinientos días del valor de la unidad de medida y actualización. Anteriormente se establecía de uno a cinco años de prisión.
Se establecen agravantes, para incrementar la pena hasta en una mitad más en sus límites mínimo y máximo, cuando: se simulen actos de autoridad; se utilice documentación falsa; participe un servidor público, en cuyo caso, se impondrá además la destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta; y cuando se cometa en contra de un ascendiente o persona adulta mayor.
En la exposición de motivos se señala que el derecho a la propiedad y a la posesión pacífica de los bienes constituye un pilar fundamental consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México.
El despojo, al implicar la ocupación ilícita de inmuebles o el ejercicio indebido de derechos reales mediante violencia física o moral, engaño o de manera furtiva, no solo afecta el patrimonio de las víctimas, sino que también genera un profundo impacto en su seguridad, tranquilidad y confianza en las instituciones. En un contexto donde la propiedad es un pilar para el desarrollo económico y social, el aumento de este delito representa una amenaza significativa para el orden público y la cohesión social en San Luis Potosí.
La necesidad la reforma se sustenta en varios factores críticos, como el aumento de casos de despojo en San Luis Potosí, con 277 casos en 2025, lo que evidencia una problemática creciente que requiere una respuesta penal más contundente. La participación de redes de corrupción, que operan con la complicidad de actores, exige sanciones más severas para quienes abusan de la confianza ciudadana y vulneran el Estado de Derecho y los sectores vulnerables, como personas mayores de sesenta años, personas con discapacidad y ascendientes, son particularmente susceptibles a este delito debido a su situación física, económica o social, lo que justifica la inclusión de agravantes específicos.
También la simulación de actos de autoridad y el uso de documentación falsa agravan el delito al generar confusión y socavar la confianza en las instituciones, demandando penas más estrictas. Finalmente, la colusión de servidores públicos en estos actos representa una traición a la confianza ciudadana, requiriendo sanciones que reflejen la gravedad de esta conducta.
Se espera la disuasión del delito mediante sanciones más severas y agravantes específicos que desincentivarán la comisión de despojos, especialmente por parte de redes organizadas, protección a sectores vulnerables a través de la inclusión de agravantes para casos que afecten a personas mayores, con discapacidad o ascendientes, garantizando una mayor protección a estos grupos, fortalecimiento de la confianza en las instituciones mediante la sanción a servidores públicos y notarios involucrados, junto con medidas de prevención que restaurarán la confianza ciudadana en el sistema de justicia, y reducción de la impunidad gracias a la colaboración interinstitucional y las medidas de reparación del daño que agilizarán la respuesta estatal y garantizarán justicia para las víctimas.
