SE ARMONIZAN LOS PROCEDIMIENTOS DEL DIF LOCAL CON EL MARCO FEDERAL RESPETANDO LAS COMPETENCIAS DE CADA ORDEN DE GOBIERNO: DIP. MA. SARA ROCHA MEDINA.
La diputada Sara Rocha Medina propuso una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar albergue, no detención, no devolución y defensa legal en suplencia a la niñez migrante en el estado.
Esta iniciativa busca armoniza los procedimientos del DIF local con el marco federal respetando las competencias de cada orden de gobierno.
Indica que las autoridades del Estado de San Luis Potosí y sus Municipios no pretenden, ni pueden constitucionalmente, juzgar o resolver sobre la condición de estancia migratoria de persona extranjera alguna; sin embargo, el objeto de esta reforma se circunscribe estrictamente a la competencia local asistencial, tutelar y de protección integral de derechos, prevista en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Se propone incluir en un capitulo, las medidas especiales de protección social que las autoridades estatales y municipales deberán adoptar para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana dentro del territorio del Estado.
Las autoridades estatales y municipales deberán proporcionar, de conformidad con sus competencias, los servicios correspondientes a niñas, niños y adolescentes en situación de migración, independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria.
En tanto el Instituto Nacional de Migración determine la condición migratoria de la niña, niño o adolescente, el Sistema Estatal DIF o los Sistemas Municipales DIF, según corresponda, deberán brindar la protección integral y alojamiento de acuerdo a las disposiciones aplicables. El principio del interés superior de la niñez será una consideración primordial en todas las actuaciones e intervenciones locales.
Señala en su exposición de motivos, que la violencia, la pobreza y el acceso limitado a servicios sociales y a una educación de calidad afectan la vida de niñas, niños y adolescentes de Latinoamérica, en particular de México y algunos países de Centroamérica.
Los niños y niñas migrantes son vulnerables a situaciones que pueden violentar sus derechos como ser detenidos; estar expuestos al crimen organizado o al tráfico de personas; sufrir violencia y discriminación; pasar hambre y frío; y, no tener acceso a servicios de salud, entre otras problemáticas.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Niñas, Niños, Juventud y Deporte.
