El Congreso del Estado saldará una deuda histórica con la infancia cuyo derecho a vivir en familia ha sido difícil materializar a través de una adopción
El diputado Luis Felipe Castro Barrón presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Familiar y el Código de Procedimientos Civiles del Estado, a fin de generar la reestructuración procesal del mecanismo de liberación jurídica del menor a través de la creación del Juicio Sumario Especial para resolver la situación jurídica de niñas, niños y adolescentes.
La idoneidad y necesidad procesal de incorporar esta vía sumaria se sostiene en la eficiencia en las notificaciones y emplazamientos; frente al abandono consumado y ante la imposibilidad de localizar el domicilio de los progenitores, la reforma faculta a agotar una búsqueda concentrada en registros oficiales en un término estricto de 30 días hábiles.
Resultando infructuosa la misma, la notificación surtirá sus efectos mediante una única publicación de edictos en el Periódico Oficial del Estado y en la Plataforma Digital del Poder Judicial, reduciendo los tiempos de emplazamiento de más de un año a cuestión de semanas. El proceso ordinario familiar contempla plazos de contestación, periodos de alegatos, probatorios dilatados y dobles vistas totalmente innecesarias cuando el hecho generador es el abandono institucional acreditado.
El Juicio Sumario concentrará la actuación procesal en una Audiencia Única de Juicio (dentro de los 15 días posteriores al emplazamiento o declaración de rebeldía), donde las evaluaciones biopsicosociales de la PPNNA tendrán presunción de validez técnica. Para evitar que las apelaciones dilatorias mantengan al menor de edad en el «limbo jurídico» durante la tramitación de los recursos, la sentencia que decrete la pérdida de la patria potestad o la declaración de estado de abandono como medio preparatorio a juicio de adopción se ejecutará de inmediato, admitiendo el recurso de apelación únicamente en el efecto devolutivo.
De esta forma, la PPNNA y el Comité Técnico de Adopción, podrán avanzar inmediatamente en la asignación del menor a un entorno familiar idóneo. Tratar con reglas procesales ordinarias las situaciones extraordinarias de abandono infantil no es equidad; es una incongruencia jurídica que vulnera la tutela judicial efectiva.
El diputado Luis Felipe Castro expuso que con la aprobación de la presente iniciativa, el Congreso del Estado de San Luis Potosí saldará una deuda histórica con la infancia cuyo derecho a vivir en familia ha sido difícil materializar a través de una adopción, transformando un sistema burocrático de espera en un verdadero instrumento de restitución del derecho humano a tener una familia.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Segunda de Justicia.
