La diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, a fin de armonizar con la legislación federal en la materia, y fortalecer la protección de los derechos humanos de las mujeres, brindando mayor certeza a las autoridades encargadas de la prevención, atención, investigación, sanción y erradicación de la violencia de género.
La legisladora explica que la redacción vigente de la legislación estatal define la violencia feminicida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, conformada por conductas misóginas que pueden culminar en diversas formas de muerte violenta.
No obstante, dicha definición resulta más limitada que la prevista actualmente en la legislación general, pues no incorpora expresamente a las adolescentes y las niñas como sujetas de protección, omite reconocer el ejercicio abusivo del poder como elemento constitutivo de esta violencia y restringe sus manifestaciones a la muerte violenta, sin considerar otras conductas que generan riesgos graves para la vida y el ejercicio pleno de los derechos humanos.
La reforma propuesta actualiza esta definición para incorporar un enfoque integral de derechos humanos, perspectiva de género e interés superior de la niñez, reconociendo expresamente que la violencia feminicida afecta a mujeres, adolescentes y niñas; que puede producirse tanto en los ámbitos público como privado como consecuencia del ejercicio abusivo del poder y de la violación de sus derechos humanos.
Se manifiesta mediante conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio, el homicidio u otras formas de muertes evitables, además de aquellas conductas que afectan gravemente su integridad, seguridad, libertad personal y libre desarrollo.
La legisladora señala que con esta modificación se permitirá que las políticas públicas, los mecanismos de prevención, los protocolos de actuación institucional y las acciones de acceso a la justicia se desarrollen bajo una definición homogénea de violencia feminicida, evitando interpretaciones restrictivas que limiten la actuación de las autoridades frente a contextos de violencia extrema de género.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Igualdad de Género.
