Por: Alma Gutiérrez Ibarra
Mayo 24, 2019
“La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre como es libre en el hombre la facultad de pensar”. Esta frase acuñada por Benito Juárez está hoy más vigente que nunca para los periodistas y medios de comunicación en el país que viven en constante vulneración de ese principio, y más grave aún, en un clima de inseguridad que se refleja en los arteros ataques a reporteros que perdieron la vida en el ejercicio de su profesión.
El recuento de las muertes de reporteros en los últimos años se eleva sin que ninguna autoridad ponga un alto a estos ataques. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2000 a la fecha en México se asesinaron a 144 periodistas; como dato adicional se establece que solo en Afganistán y Siria se reportó un número superior al de nuestro país.
Con fundamento en estas cifras, México se considera el país más mortal para los periodistas, sin contar zonas de guerra, por su registro de muertes de reporteros; otros datos obtenidos por Reporteros sin Fronteras en su balance 2018, lo catalogan como el tercer país más mortífero para los periodistas a nivel mundial, también solo detrás de Afganistán y Siria, y peor siendo una nación en paz, es decir donde no hay un conflicto bélico declarado, pero sí muchos reporteros asesinados, detenidos, secuestrados o desaparecidos.
Triste panorama para quienes se dedican de lleno a ejercer el periodismo, y ya no podemos decir que solo en aquellos estados donde se recrudece la violencia porque eso ya no es un indicador confiable, incluso San Luis Potosí es parte de ese record de muertes de periodistas con el asesinato, todavía sin resolver, de Edgar Daniel Esqueda acontecido el pasado 4 de julio del 2017.
Y lejos de cumplir lo que prometió luego de jurar a su cargo el 1º de diciembre cuando aseguró que pondría fin a esos asesinatos, el presidente Andrés Manuel López Obrador no pierde oportunidad de declarar la guerra a periodistas y medios que no concuerden con su ideología; aquellos que se atrevan a contrariar las cifras oficiales o que “tienen otros datos” son sujetos de un juicio sumario por todo el gobierno federal encabezado el propio López Obrador.
Calificativos como “prensa fifí”, fantoches, hipócritas, doble moral o prensa conservadora son solo algunos de los “calificativos” a informadores mexicanos. Y revira con otras declaraciones cuando, según su perspectiva, la prensa no lo trata como él quisiera: “sacan de contexto las cosas, las sacan podridas” e incluso ha hecho ataques directos como: “¿le creen ustedes a Loret?”.
Estas declaraciones han ido tan lejos, que además de preocupantes pueden considerarse como una amenaza vedada contra los medios de comunicación, como el pasado 15 de abril en su conferencia mañana cuando sin empacho alguno dijo “con todo respeto discrepo, creo que ustedes no sólo son buenos periodistas, son prudentes porque aquí los están viendo y si ustedes se pasan, pues, ya saben lo que sucede. Pero no soy yo, es la gente”.
¿Qué sucede entonces en México? ¿Hay garantía de ejercer ese periodismo libre sin censura? Pero sobre todo, sin el miedo de morir en ese intento, porque cualquiera que pudiera ser la razón de estos dichos del presidente López Obrador es su deber como jefe de Estado procurar las condiciones, tanto en el discurso como en los hechos, para salvaguardar la libertad de expresión.
Si en México se quiere garantizar con hechos esa libertad de expresión, todos los medios deben tener la seguridad que no serán señalados sin justificación, que no se les pondrán más adjetivos, que su trabajo no será descalificado y mucho menos, serán señalados públicamente. En caso contrario, la inhibición y la autocensura podrían convertirse en un mecanismo de autodefensa ya que el gobierno mexicano no puede, o no los quiere, defender.
