Lic. Abraham Ulises Parga Segura
Mayo 22, 2026
Nuevamente vuelve a ser centro de discusión la polémica reforma judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre de 2024. En un inicio, se creó la narrativa de que la reforma judicial serviría para legitimar y acercar al Poder Judicial con la población, terminar con los privilegios y erradicar el nepotismo y corrupción imperantes en el momento. Veinte meses después, el 20 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para reformar lo que ya se había reformado ¿Qué pasó en el camino?
El diagnóstico de 2024 tal vez era correcto pero el remedio no lo fue. La reforma de 2024 partió de un problema real, durante años muchas personas sentían que los tribunales eran insensibles y estaban alejados de la sociedad, que hablaban un lenguaje incomprensible y que resolvían en favor del ‘mejor postor.’ A eso se le terminó por denominar «justicia elitista». Hasta ahí, el diagnóstico era compartido tanto por eruditos como por la sociedad en general.
El error estuvo en la solución; se pensó que si las personas juzgadoras, magistradas y ministras eran electas por voto popular, entonces automáticamente serían más cercanas a la sociedad y, por ende: sensibles a las causas justas. En ese contexto se bajaron los requisitos para obtener una candidatura; se eliminó la carrera judicial creyendo que la legitimidad en las urnas sustituiría la preparación y pericia técnica.
Simplemente se confundió elegir a un juez con elegir a un representante popular. Un legislador nos representa, un impartidor de justicia no. Porque un juez resuelve conflictos aplicando la ley, su función no es ser el eco ni la voz del pueblo. Para impartir justicia no basta con agradar y gozar del clamor popular, se necesita saber y conocer de Derecho.
En ocho meses de implementación formal, la reforma judicial nos dejó ver, primero, una división clara dentro del Poder Judicial; por un lado, está el personal de ‘carrera judicial’ quienes hicieron exámenes, escalaron cargos poco a poco y conocen los expedientes porque llevan años en los tribunales. Por otro lado, están las personas ‘novatas’ quienes llegaron por campaña, por ser conocidas o por tener respaldo político alguno, pero sin experiencia jurisdiccional comprobada.
La confianza mutó, pero no hacia donde se quería. Inversionistas y la iniciativa privada empezaron a desconfiar porque una encuesta del Banco de México (Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado) mostró que la falta de Estado de Derecho ya es el tercer problema más grave que afecta el crecimiento económico de México, sólo por debajo de la inseguridad y de la corrupción ¿Qué hacen las empresas cuando no confían en los tribunales? No invierten por temor a la inseguridad jurídica, o si ya invirtieron, solucionan sus controversias en arbitrajes privados evitando a toda costa jueces mexicanos que se muestran parciales y afectan el Estado de Derecho en sí.
En estos ocho meses desde que protestaron al cargo las nuevas personas juzgadoras, la justicia no se volvió más rápida ni más cercana, se volvió más incierta porque hoy día no se sabe si resolverá tu asunto judicial un juez con experiencia o alguien que ganó una elección hace casi un año. Parafraseando a Robert Dahl: «no basta con que todos puedan votar. Se necesita también debate público de calidad». Hoy tenemos mucho voto, pero poco debate sobre si quien juzga sabe juzgar.
La iniciativa que presentó la presidenta de la república tiene cinco ejes centrales y ninguno es menor pero el que particularmente llama la atención es el primer eje, el cual consiste en trasladar la próxima elección judicial de 2027 a 2028. Es decir, se aplazan las elecciones judiciales; no serán en 2027 como estaban programadas, sino hasta 2028. En Derecho el tiempo no perdona, aplazar la elección judicial implica que el sistema se configuró con prisa y que necesita reconfigurarse adecuadamente… pero Arturo Zaldívar, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora Coordinador General de Política y Gobierno de Claudia Sheinbaum, afirma que la intención de aplazar las elecciones judiciales es porque se ‘empalman’ con las elecciones ordinarias de representantes populares «fragmentando el proceso sin beneficio para la ciudadanía por obligarla a votar en dos casillas distintas el mismo día: una para las elecciones ordinarias y otra para las judiciales».
¿Estamos ante un fracaso o ante una corrección? Cuando un gobierno corrige su propia reforma a los veinte meses, no está haciendo un ajuste menor, está admitiendo implícitamente que el diseño original tenía graves fallas. Por ello esta nueva reforma no es sólo técnica, es política, es exteriorizar que se creó con venganza disfrazada de necesidad, y que posteriormente se legisló por consigna y nunca desde la razón. Se pensó más en el mensaje de campaña que en los justiciables.
México lleva años buscando su modelo democrático ideal; pasamos de la concentración del poder a la alternancia, y ahora estamos en la discusión de cómo equilibrarlo. La justicia es el termómetro de ese equilibrio, si los tribunales son débiles, el poder se concentra, pero si los tribunales son técnicos y confiables, el poder se limita.
La contrarreforma es importante, no porque sea novedosa, sino porque por primera vez tácitamente se reconoce que acercar la justicia a la gente no es sólo poner urnas, también es poner capacidad. Seguimos navegando por el horizonte de la democracia, aún no tocamos puerto y no tocaremos mientras sigamos creyendo que la voluntad sustituye al estudio, y que la popularidad sustituye a la ley.
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