Por: Disidente
La modernización financiera representa una oportunidad, pero también plantea una pregunta indispensable: ¿quién protege el dinero de los ciudadanos cuando el sistema del que dependen deja de funcionar?
Lo ocurrido en Paraguay debería llamar la atención de México. Ueno Bank, una de las instituciones financieras digitales más importantes de ese país, enfrentó una intervención del Banco Central después de que su índice de solvencia cayera por debajo de la mitad del mínimo legal exigido. La crisis puso en incertidumbre a cerca de 2.9 millones de clientes y evidenció los riesgos que puede enfrentar una población cuando depende de una institución para disponer de sus ahorros.
No se trata de cuestionar la banca digital ni de frenar el avance tecnológico. Se trata de entender que detrás de cada cuenta, transferencia o pago electrónico hay personas que necesitan tener la certeza de que su dinero está seguro y disponible.
Y es precisamente ahí donde México debe prestar atención.
Digitalizar no significa necesariamente proteger
La nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada en México el 4 de noviembre de 2026, busca impulsar las operaciones electrónicas y modernizar la actividad económica.
Sin embargo, una de sus disposiciones merece especial atención: el artículo 13 faculta a la Secretaría de Hacienda para determinar sectores y actividades en los que los pagos digitales puedan convertirse en la única forma de pago.
La decisión podría transformar progresivamente la manera en que millones de mexicanos realizan sus operaciones cotidianas.
El avance tiene ventajas evidentes: rapidez, comodidad, mayor trazabilidad de las transacciones y oportunidades para ampliar la inclusión financiera. Pero también plantea interrogantes sobre la dependencia de bancos, aplicaciones, plataformas y servicios de conectividad.
¿Qué ocurre cuando una institución bancaria enfrenta problemas de solvencia? ¿Qué sucede si una plataforma deja de funcionar, se interrumpe el servicio de internet o una falla tecnológica impide realizar pagos?
Para quien necesita comprar alimentos, adquirir medicamentos o atender una emergencia, no poder disponer de su dinero no es un inconveniente tecnológico: es un problema económico inmediato.
El efectivo sigue teniendo una función social
México es un país de profundas desigualdades económicas y territoriales. No todos tienen acceso permanente a internet, teléfonos inteligentes o servicios bancarios. En comunidades rurales, zonas indígenas y sectores vulnerables, el efectivo continúa siendo indispensable.
También están los adultos mayores, pequeños comerciantes y personas que no cuentan con las condiciones necesarias para incorporarse plenamente a la economía digital.
Por eso, modernizar no debería significar excluir.
La propia legislación contempla que, ante contingencias que imposibiliten los pagos electrónicos, se permita recurrir al efectivo o al cheque. Es una previsión necesaria, pero su eficacia dependerá de que existan mecanismos claros y alternativas verdaderamente disponibles.
El efectivo no representa necesariamente atraso. También puede significar autonomía y una alternativa cuando la tecnología falla.
La pregunta fundamental: ¿quién protege los ahorros?
México cuenta con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que garantiza hasta 400 mil UDIS por persona y por institución bancaria, conforme a las obligaciones y condiciones establecidas en la ley.
Pero no todos los productos financieros tienen esa protección. Las cuentas de instituciones de tecnología financiera, por ejemplo, no cuentan con la cobertura del IPAB.
Esta diferencia debe ser conocida por los usuarios. Tener una cuenta digital no significa automáticamente tener la misma garantía que ofrece un banco tradicional.
Conforme avance la digitalización, las autoridades deberán fortalecer la supervisión, exigir transparencia sobre la solvencia de las instituciones, proteger los datos personales y establecer protocolos eficaces para garantizar la disponibilidad de los recursos ante cualquier contingencia.
La confianza financiera no se construye solamente con aplicaciones modernas, sino con instituciones sólidas y garantías que funcionen cuando más se necesitan.
Una reflexión final que no podemos posponer
La tecnología llegó para transformar la economía y sería equivocado pretender detenerla. El problema no es avanzar hacia una sociedad con más operaciones digitales; el verdadero desafío es hacerlo sin dejar desprotegidos a quienes dependen de sus ahorros para vivir.
Paraguay ofrece una advertencia que México debe analizar con responsabilidad: el crecimiento de la banca digital no sustituye la vigilancia financiera, y la facilidad para realizar operaciones electrónicas no garantiza, por sí misma, la seguridad del patrimonio.
La modernización debe avanzar acompañada de supervisión, protección al ahorro, seguridad tecnológica y alternativas para quienes todavía dependen del dinero en efectivo.Porque hay una diferencia fundamental entre tener dinero en una cuenta y poder disponer de él cuando se necesita.
El futuro de la economía puede ser digital, pero el derecho de las personas a disponer de su dinero no puede quedar a merced de una aplicación, una institución bancaria o una falla tecnológica.
El dinero pertenece a las personas; las instituciones tienen la responsabilidad de administrarlo y las autoridades la obligación de proteger a quienes confían en ellas.
La verdadera modernización financiera no se medirá por cuántas operaciones se realizan desde un teléfono celular, sino por la seguridad, la confianza y la libertad que ofrece a los ciudadanos.
La tecnología debe estar al servicio de las personas, nunca las personas a merced de la tecnología.
